Las mentiras de Puigdemont y el independentismo, desmontadas una a una

El secesionismo está dividido y libra una batalla soterrada por el control de los cerca de dos millones de votantes que sus distintas siglas acumulan. De un lado, a grandes rasgos aunque todo puede cambiar en horas, ERC y el PdeCat, partidarios de 'aceptar' sin que se note las reglas del juego legales sin renunciar a su objetivo soberanista, eligiendo a tal fin a un presidente y un Gobierno sin mancilla judicial.

De otro, Junts pel Catalunya y la CUP, con la Anc y Òmnium de su parte, mayoritariamente, dispuestos a echarse el monte y a mantener el desafío aunque ello haga ingobernable Cataluña y aboque al choque político, judicial y tal vez social. Entre medias, unos y otros mantienen de cara al público una actitud compartida y victimista, sostenida en un cúmulo de falsedades históricas y otras de nuevo cuño que aumentan el martirologio, tienen en TV3 su principal altavoz y movilizan a los más radicales en la calle.

¿Tienen algo de cierto sus quejas? ¿Hay alguna razón de fondo en alguna de sus protestas? ¿Existe represión en España? ¿Se ha abusado económicamente de Cataluña? ¿Está Europa con los autodenominados 'presos políticos'? Todas estas preguntas tienen respuesta, y la práctica totalidad son adversas para el soberanismo. En el siguiente reportaje, se desmontan una a una.

Con los datos en la mano, no existe un agravio hacia Cataluña. Ni económico ni histórico ni lingüístico

¿Respaldan la ONU y Europa a los independentistas?

La respuesta es un contundente no. Naciones Unidas ha admitido una queja de Jordi Sánchez en la que pide se respeten sus supuestos derechos políticos. Eso ha sido suficiente para el nacionalismo venda un respaldo que no existe. La realidad es que la ONU admite a trámite la práctica totalidad de las protestas que recibe, un mero trámite rutinario que no prejuzga sus resoluciones, nunca vinculantes.

Por decirlo en otras palabras, da por recibido un mensaje que ni siquiera ha leído. En todo caso, la lectura correcta es bien distinta a la propagada por el 'procés': el Comité de Derechos Humanos respeta y defiende el ordenamiento jurídico español, reconoce la vigencia de la separación de poderes en España y, en definitiva, asume las garantías democráticas presentes en la respuesta global al desafío.

Y lo mismo ocurre con Europa. Oficialmente, y en multitud de declaraciones, repudia el secesionismo y a Puigdemont, sin ninguna excepción institucional. Ni siquiera Bélgica es comprensiva con el pulso desde Cataluña, por mucho que sus protagonistas esparzan la idea de que la UE les mira con cierta simpatía.

¿Se puede hablar con razón de una historia de España contra Cataluña?

No, en absoluto. Ni en 1714 ni en los trescientos años transcurridos desde entonces. Si la política democrática consistiera en esgrimir agravios históricos probablemente los pueblos europeos, y con ellos el español, nunca hubiéramos logrado superar nuestras diferencias de forma pacífica.

¿La Transición fue querida por los catalanes?

De manera abrumadora, la Transición española fue también una transición muy catalana. Los catalanes tenían una clara conciencia de que no había habido una guerra civil de Cataluña contra España, sino una guerra civil de todos los españoles, también de unos catalanes contra otros catalanes.

¿La Constitución y el Estatuto de 1979 fueron queridos por los catalanes?

La Constitución española es también la Constitución de los catalanes, que la celebraron masivamente. Lo es sea cual sea su residencia, igual que es la Constitución de los madrileños, los vascos o los andaluces que viven y trabajan en Cataluña. Dos de los siete ponentes constitucionales eran catalanes y muchos diputados y senadores catalanes hicieron aportaciones destacadas a la Constitución, apoyada en definitiva por más del 90% de los catalanes, una de las cifras más altas de España.

¿La Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de 2006 impide que los catalanes tengan un estatus satisfactorio dentro del marco constitucional español?

Obviamente no. Eso se repite todos los días en declaraciones y documentos, hasta el punto de que esa es la creencia general de muchos ciudadanos catalanes, pero no es verdad. Es una lamentable excusa, porque el Estatuto era inconstitucional en numerosos e importantes aspectos y el Tribunal Constitucional no tuvo más remedio que declararlo así. No fue por razones más que legales, aunque políticas y sociales existan muchas desde luego.

¿Puede hablarse  de falta de representación de los catalanes en el proceso constituyente o en las instituciones del Estado?

No, bajo ningún concepto. Desde 1977 hasta hoy el número de diputados en el Congreso elegidos en Cataluña ha sido de 579. Los diputados elegidos en Madrid han sido 429. Algo parecido puede decirse del Senado. Desde ese punto de vista, la Constitución y las leyes que se han hecho en el Congreso de los Diputados para toda España han sido, de alguna manera, mucho más catalanas que madrileñas. La negativa de Puigdemont a debatir su desafío en el Congreso resume el carácter ilegal del monólogo secesionista, que se magnifica en su emproio de medios públicos, en la educación en los centros públicos y no reconoce el derecho a rebatir ni la jerarquía de las leyes o de la soberanía compartida de todos los españoles.

Iglesias, con Doménech y Puigdemont, en un acto celebrado en Madrid

¿Existe un derecho a decidir al margen de la Constitución y el Derecho?

Ni en España ni en ninguna otra democracia. La Constitución y las leyes son precisamente las que aseguran el derecho a decidir sobre los asuntos políticos que nos afectan, como se viene haciendo con absoluta transparencia y naturalidad en las elecciones locales, autonómicas, europeas y generales, entre otros procedimientos, incluido el referéndum en los términos fijados en la Constitución.

¿Es aplicable a Cataluña el llamado derecho de autodeterminación?

No, no lo es. Se trata de un derecho limitado a procesos de descolonización y regímenes no democráticos y que no respetan el Estado de Derecho, sujeto a condiciones enumeradas por la ONU que no tienen nada que ver con lo que sucede en Cataluña ni en ninguna otra parte de España. Ninguna Constitución del mundo democrático lo reconoce y sólo dos lo hacen: la de Nigeria y la de una pequeña isla del archipiélago caribeño, San Cristóbal y Nieves.

¿Es legal o viable convocar referendos en Cataluña?

No. Ni la Generalitat de Cataluña ni ninguna otra institución española pueden plantear un referéndum con semejante contenido. Cuando se apela al derecho a decidir, como ocurría en la Ley del Parlamento Vasco y ahora en Cataluña, el Tribunal observa que ese derecho presupondría la existencia de un sujeto (pueblo vasco, pueblo catalán) equivalente al sujeto titular de la soberanía que es el pueblo español. Pero ni cabe otro soberano, ni el derecho a decidir deja de afectar al conjunto de los ciudadanos. El independentismo supone alrededor del 7% de la población española, donde reside la soberanía nacional, pero también la democracia: se pretende quitar, de manera unilateral e ilegal, un derecho básico del Estado de Derecho al 93% de los españoles, catalanes incluidos.

¿Puede el Estado convocar una consulta o delegar la convocatoria de la misma en la Generalitat, tal y como ha acordado el Parlament?

Es prácticamente imposible. No cabe que ninguna institución, ni siquiera el Gobierno del Estado, convoque un referéndum de secesión. Como tampoco cabe que el Gobierno delegue en la Generalitat la competencia para convocar una consulta de esta naturaleza, y menos aún para convocar un referéndum con unas preguntas anunciadas en su momento por los propios interesados, que ya se conoce que son inequívocamente inconstitucionales.

¿Existe algún otro cauce legal para una consulta de secesión en Cataluña sin modificar la Constitución?

No existe ahora mismo ningún otro cauce legal para una consulta de secesión en Cataluña sin modificar la Constitución. Si la Constitución no se puede reformar fácilmente es porque de ese modo se garantiza que el acuerdo de todos no se puede cambiar entre unos cuantos, y esto es algo que beneficia a los partidos pequeños, no al revés, como en ocasiones se afirma. Ni aunque el Gobierno de Rajoy quisiera, pues, podría aceptarse algo así.

¿Pero si se hiciera una consulta podría tener efectos prácticos?

Supongamos que, no obstante, se encuentra la manera de celebrar una consulta exclusivamente en Cataluña sobre su independencia, algo imposible en estos momentos. Sus efectos, en el caso de un apoyo mayoritario a la separación, serían inviables. Algo así requiere de una reforma de la Carta Magna que no se puede hacer con un apaño: necesita el respaldo de dos tercios del Congreso y su disolución para convocar Elecciones Generales. Las nuevas Cámaras deberían ratificar esa reforma por 2/3 de nuevo (es decir, con el PP y Ciudadanos votando a favor) y, aunque lo hicieran, haría falta un último requisito: que lo respaldaran también los españoles en un referéndum de carácter nacional.

¿España ha robado en el pasado a Cataluña?

No. Desde el siglo XVIII se constata un intenso proceso de modernización de la sociedad catalana, uno de cuyos indicadores más claros es el aumento de su población. Gracias a estas políticas proteccionistas y no de libre competencia, Barcelona pudo convertirse en una gran ciudad comercial e industrial, como núcleo de una Cataluña próspera. En cifras, la dependencia de Cataluña de España es absoluta; tanto por el comercio interior cuanto por la participación en Europa gracias a la pertenencia a un Estado integrado.

¿España roba ahora a Cataluña?

Por supuesto que no. El secesionismo afirma que existe un presunto maltrato fiscal que padecen los ciudadanos catalanes en el actual modelo de Estado y que por ello es urgente alterar el sistema de financiación de Cataluña, como primera etapa, y avanzar luego por la senda de la ruptura como un empeño ineludible tras tantos años de injusticia. Pero eso no es más que un mito, algo que a fuerza de ser repetido puede llegar a parecer verdadero, pero no lo es.

Es, simplemente, la propaganda que algunos partidos catalanes han alimentado para activar uno de los factores más peligrosos del populismo nacionalista: el sentimiento de pertenencia a una comunidad que es agredida desde el exterior y cuya identidad está siendo puesta en peligro. Los medios públicos catalanes, los más costosos de España con un gasto superior a canales nacionales como Antena 3 y Tele 5, han sido una sistemática maquinaria de envenenamiento de los ciudadanos con propaganda incompatible con los datos fríos.

Cataluña vende hasta 60.000 millones al resto de España y ha recibido otros tantos de rescate

¿Cuál sería la moneda de una Cataluña fuera de España?

Una Cataluña fuera de España estaría fuera también de la Unión Europea y, cómo no, de la Unión Económica y Monetaria, es decir, del euro. La deslocalización de instituciones financieras, los costes de financiación más elevados, la caída de las exportaciones a España y a la UE, y la deslocalización de empresas no financieras son algunos de los efectos que se seguirían naturalmente del mantenimiento del “euro catalán” como moneda de una Cataluña escindida. Basta recordar que, cuando la Generalita ha querido financiarse al lado de España, su deuda ha sido calificado de 'bono basura' y ha tenido que inventar 'bonos patrióticos' para que los catalanes les presten dinero. Sin España, Cataluña hubiera quedado arrollada por la crisis: unos 60.000 millones de euros han ido a parar allí a través del FLA, el mismo importe que uno de los rescates a Grecia.

¿Sería más rica una Cataluña fuera de España?

Al contrario. Su situación económica cambiaría muchísimo y para mal. Además de perder el euro, si Cataluña se encontrase fuera de la Unión Europea se vería separada de sus vecinos, España y Francia, y del resto de socios europeos por el Arancel Exterior de la Unión; la legislación de la Unión dejaría de aplicarse en Cataluña, y también se vería privada de los Fondos de la Política Agrícola Común y de los demás fondos que a lo largo de su historia Europa ha creado para paliar los efectos de la crisis en países que han estado seriamente afectados por ella o para favorecer el desarrollo regional de algunos de ellos. Sería, simplemente, un desastre quizá irreversible: su reincoporación a Europa sería lenta, condicionada o directamente imposible. Nadie en la UE avalaría algo así a costa de España.

¿Seguiría Cataluña en la OTAN?

No, no seguiría en la OTAN, por razón equivalente a la anterior. Su portavoz recientemente ha dejado claro que si una parte del territorio nacional de un país se secesiona, tendría que renegociar su entrada: “Para que cualquier nación se incorpore a la Alianza necesitaría obtener el consenso de todos los aliados de la OTAN”. Seguiría dependiendo, también en eso, de España. Y tampoco podría estar en la ONU: países con tensiones internas como Francia, Rusia o China lo vetarían, sin la menor duda.

¿Cuánto empleo y riqueza perdería Cataluña?

Por efecto frontera y deslocalización, los Flujos Comerciales de Cataluña con el resto de España se contraerían un 45%. En la actualidad, la economía catalana vende entre 44.000 millones y 62.000 millones de euros al resto de España, según qué magnitudes se incluyan en el epígrafe, que se pondrían en peligro. El stock de Inversión Extranjera Directa se reduciría en 20.000 millones.

El impacto en el empleo sería muy grave: provocaría una destrucción de hasta 447.000 puestos de trabajo, el 16% de la ocupación, de modo que la tasa de paro alcanzaría el 34,4%. El déficit público aumentaría al 10,3% del PIB y la deuda pública hasta el 118% del PIB, con vencimientos anuales del 25% del PIB, lo que situaría a Cataluña entre los países más endeudados.

El grave deterioro de las finanzas públicas obligaría a fuertes recortes de gasto público de la Generalitat en partidas clave para el bienestar social. Las implicaciones negativas en el balance bancario harían inviable la financiación de PYMES y supondrían una restricción financiera insalvable. En fondos europeos, Cataluña perdería cada año unos 500 millones de euros, en su mayoría agrícolas, lo que reduciría un 16% la renta de las 59.000 masías. Y, por último, Cataluña tendría que hacerse cargo de al menos 100.000 millones de la deuda de España que le correspondería liquidar como cuota propia del conjunto.

Esta información se ha elaborado con datos del Ministerio de economía, de la propia Generalitat de Cataluña, con datos propios de este periódico y con sendos estudios de Societat Civil Catalana y de la fundación FAES recopilados por ABC