¿Austericidio? España gasta la mitad de su dinero en asuntos sociales clave
Con las cifras en la mano, afirmar que España no es un Estado Social es muy osado: casi el 60% del gasto público se consume en dos áreas tan sensibles como el desempleo y los jubilados.
Rajoy y Montoro, el año pasado en el Congreso
España tiene una deuda prácticamente idéntica a su PIB, pero no escatima en gasto social, con las cifras en la mano: más de la mitad del gasto contemplado en sus Presupuestos Generales del Estado, pendientes de aprobación en lo referente a 2018, se consumen en el pago de pensiones y subsidio de desempleo.
En concreto, 5.5 de cada 10 euros que gasta el erario público se dedican a los jubilados y a los parados, según el análisis de las cuentas presentadas por el Gobierno para el ejercicio en vigor, sin aprobar aún por el veto provisional del PNV, mientras se mantenga el artículo 155 en Cataluña; y por la negativa del PSOE a prestar cinco diputados para superar ese boicot.
Sólo en pensiones el contribuyente gasta casi 145.000 millones, un 3.7% más que el año pasado
Yendo al detalle exacto, las pensiones, las prestaciones por desempleo y el pago de los intereses de la deuda suponen el 55% del gasto contemplado en los Presupuestos Generales del Estado previstos para 2018, según consta en el proyecto remitido este martes por el Ministerio de Hacienda al Congreso.
Estas tres partidas suman un total de 194.083 millones de euros, lo que equivale a un 54,79% de los 354.224 millones de gastos contemplados en los Presupuestos. En las cuentas de 2017, acaparaban un coste de 190.136 millones, equivalentes también al 55% del gasto total contemplado, de 343.102 millones.
Estas tres partidas, que son las más cuantiosas junto a las transferencias a las comunidades autónomas, experimentan un incremento del 2% con respecto al ejercicio 2017. El mayor gasto del presupuesto será el de las pensiones, que concentrarán 144.834 millones, un 3,7% más que en las cuentas del ejercicio 2017, así como un 40,8% del gasto total.
El gasto en esta partida se ha visto incrementado en un 47,7% desde el inicio de la crisis, desde los 98.011 millones de euros que suponía en el Presupuesto de 2008 hasta los casi 145.000 millones de euros que se destinarán este año, tras actualizarlas un 0,25% con carácter general y entre el 1% y el 3% para las pensiones más bajas.
El paro
Por su parte, la partida de desempleo cuenta con una asignación de 17.702 millones de euros, un 3,4% menos que en 2017, y supone el 5% del gasto total. En todo caso, las prestaciones por paro concentran unos recursos aún superiores a los Presupuestos de 2008, cuando se dedicaron 15.777 millones a esta partida, un 12% menos que en la actualidad.
En cuanto a la deuda pública, la partida vinculada a su coste asciende a 31.547 millones, un 1,9% menos que los 32.171 millones que concentraron en la anterior formulación de cuentas. El coste de la deuda tiene un peso cercano al 9% sobre el gasto total.
Pese a la contención, la cifra es más del doble de la que suponían los intereses de la deuda en 2008 (15.265 millones), cuando la deuda pública no representaba más del 34,3% del PIB y ahora supera el 98% de la riqueza nacional.
Las pensiones al detalle
Yendo a la letra pequeña de los presupuesto, el Gobierno prevé gastar este año en pensiones contributivas un total 127.110 millones de euros, un 3,5% más que en 2017, como consecuencia del mayor número de pensionistas, la variación de la pensión media y la revalorización general del 0,25% aplicada a comienzos del ejercicio, según el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año presentado este martes en el Congreso de los Diputados.
No obstante, el proyecto incorpora mejoras, con carácter retroactivo, para las pensiones más bajas, tal y como adelantó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la semana pasada. Así, las pensiones mínimas se incrementarán un 3%; las pensiones contributivas inferiores a 9.800 euros anuales subirán un 1,5% y los que cobren menos de 12.040 euros anuales verán revalorizadas sus pensiones un 1%.
Al mismo tiempo, las pensiones de viudedad de los mayores de 65 años que no tengan otra fuente de ingresos distinta de su pensión cobrarán una mayor cuantía al elevarse dos puntos la base reguladora con la que se calcula la prestación, desde el 52% al 54%.
Todas estas mejoras beneficiarán, según el Gobierno, a más de 5,7 millones de pensionistas, con un coste estimado de 1.097 millones de euros. Además, el Ejecutivo calcula que un millón de pensionistas se verán beneficiados de la reducción en el IRPF a las rentas inferiores a 18.000 euros anuales.
Las pensiones no contributivas, que se consignan en el presupuesto del Imserso, experimentarán también una mejora del 3% este año. La dotación para estas prestaciones será de 2.380 millones de euros (excluido País Vasco y Navarra) y con ella se atenderá el coste derivado de la variación del colectivo y la subida en un 3% de estas pensiones, de la que se beneficiarán más de 450.000 personas.
Para el pago de las pensiones de clases pasivas del Estado, que se revalorizaron un 0,25% a comienzos de este año y que disfrutarán también de las mejoras adicionales para pensiones más bajas contempladas en los Presupuestos, se destinarán este año 14.632 millones de euros.
Por orfandad
En total, el presupuesto consolidado de gastos de la Seguridad Social será de 148.382 millones de euros, lo que supone un incremento del 4% respecto a 2017, frente a unos ingresos previstos de 129.736 millones de euros, un 3% más. El Gobierno estima que el déficit de la Seguridad Social se situará este año en el 1,1% del PIB.
Dentro del capítulo de gastos, a las pensiones contributivas de jubilación, que son las más numerosas (71% del total), se destinarán 90.261 millones de euros, seguidas de las de viudedad (22.039 millones), las de incapacidad (12.632 millones), y las de orfandad y en favor de familiares (2.168 millones).
Para maternidad
Por otro lado, la dotación asignada en los Presupuestos de 2018 para proteger situaciones de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia natural aumenta un 4,5%, hasta los 2.559 millones de euros, por el crecimiento esperado en el número de beneficiarios y la ampliación de cuatro a cinco semanas del permiso de paternidad.
Asimismo, se destinarán un total de 7.980 millones de euros, un 14,2% más que en 2017, al pago de subsidios por incapacidad temporal. El Gobierno precisa que en años anteriores se había producido una notable disminución del gasto en esta prestación, pero desde 2014 se observa una tendencia creciente del gasto en paralelo al aumento de la afiliación a la Seguridad Social. El Ejecutivo prevé que esta tendencia se mantenga este año.
El programa de Prestaciones de Garantía Salarial incluye el abono a los trabajadores tanto de los salarios pendientes de pago a causa de insolvencia, suspensión de pagos, quiebra o concurso de acreedores de los empresarios, como de las indemnizaciones reconocidas como consecuencia de sentencia o resolución administrativa a favor de aquellos a causa de despido o extinción de contratos.
La dotación presupuestaria para 2018 destinada a estas actividades asciende a 796 millones de euros, de los que 767 millones corresponden al pago de prestaciones del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). El gasto en 2017 en estas prestaciones fue de 591 millones de euros.
Dentro del ámbito no contributivo, el crédito destinado en el ejercicio 2018 para las pensiones de vejez e invalidez se eleva a 2.380 millones de euros, excluido el País Vasco y Navarra.
Para los perceptores de las Ayudas del Fondo de Asistencia Social (FAS) que hayan optado por no integrarse en las pensiones no contributivas se ha presupuestado una cantidad de 8 millones de euros.
Para las pensiones de guerra -aquellas pensiones e indemnizaciones que tienen su origen en la Guerra Civil- se destinan en 2018 un total de 159 millones de euros.
Las Comunidades tedrán más
El Gobierno prevé incrementar un 15% este año las inversiones reales en las autonomías según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado este martes, con ascensos especialmente fuertes en Castilla-La Mancha (37,5%), Cantabria (36%) y el País Vasco (33,4%), pero también en Andalucía (27%), Extremadura (27%) o Madrid (24%) y con Cataluña por encima del incremento medio (17,3%). Solo se reduce la inversión prevista para dos comunidades: La Rioja y Navarra.
Si el proyecto de Presupuestos de 2017 preveía descensos generalizados en este capítulo salvo en el caso de Canarias, el Ejecutivo ha presentado unas cuentas iniciales que recogen lo contrario, más inversión real por un importe total de 14.823 millones de euros, un 15,1% más que el año pasado.
De esa cantidad, 10.128,49 millones se pueden presentar repartidos por autonomías ya que se invierten en un único territorio; a esta cantidad se suman según el proyecto otros 4.694 millones de inversión no regionalizable.
La práctica totalidad de las Comunidades tendrá más inversiones del Estado, con cifras muy altas en Cataluña
Con respecto a las primeras, el Ejecutivo prevé destinar 1.477 millones de euros a Andalucía (+27,7%), 1.349,59 a Cataluña (+17,5%), 1.247,31 a Madrid (+24%), 1.002,14 a Castilla y León (+1%) y 936,79 a Galicia (+1,3%), las cinco autonomías que tradicionalmente encabezan el listado por cantidades totales.
Les siguen la Comunidad Valenciana, que recibirá 740,36 millones (+25,6%); Castilla-La Mancha, con 589,4 millones (+37,5%); País Vasco, con 509,05 millones de inversión prevista (+33,4%); Aragón, 407,13 millones (+18,4%); Extremadura, 385,55 millones (+27%); Murcia, 340,6 millones (+25%); Canarias, que recibirá 281,54 millones (+4,1%); Cantabria, 272,09 millones (+36%); Asturias, 232,8 millones (+10,2%); y Baleares, con 171,67 millones (+16%).
Las dos únicas excepciones a estos incrementos son Navarra y La Rioja; la Comunidad Foral tiene asignados en los PGE 56,44 millones de euros, un 28,5 por ciento menos que el año pasado, mientras que La Rioja figura con 63,2 millones para 2018, un 16,3 por ciento de descenso.
Más dinero
El Gobierno añade en el proyecto de presupuestos otras transferencias a las autonomías que no presenta sin embargo repartidas por comunidades. Se trata de transferencias para políticas de gasto de todo tipo que, según el proyecto presentado, suman 7.128 millones de euros, un 13,7% más que en 2017.
Los principales capítulos los componen el fomento del empleo (2.231,22 millones en total) y los servicios sociales y la promoción social (1.533,46 millones), pero se incluyen otros como el acceso a la vivienda y el fomento de la edificación (364,75 millones) o las subvenciones al transporte (283,7 millones).