Por qué el populismo engaña con una reforma constitucional casi imposible

Fue el precio que Pedro Sánchez le puso al apoyo del PSOE a la aplicación del artículo 155 en Cataluña, impulsada por el PP con el respaldo asegurado de Ciudadanos: crear una Comisión territorial para reformar la Constitución y avanzar en algo similar a un federalismo que los independentistas siempre han rechazo pero Ferraz defiende con uñas y dientes.

Casi nadie lo respaldaba, pero el bien mayor del consenso se impuso y se creó a regañadientes la llamada Comisión para evaluar el Estado de las Autonomías, eufemismo de la antesala de una reforma constitucional que hoy parece en vía muerta, con el soberanismo echado al monte, sus cabecillas en el banquillo y la España constitucional agotada e indignada por todo ello. Y ahora más, probablemente, con la inesperada decisión de un juzgado alemán de liberar a Puigdemont y negar la existencia de un delito de rebelión.

¿Qué ha pasado exactamente? En el PP nunca se escondió la incomodidad con una medida que, se pensaba, daba pábulo al victimismo secesionista al contraponer a su escalada una especie de inmovilismo del Gobierno que, a juicio de éste, no existe. "Reformar por reformar...", venían a decir significados miembros del partido y del Gobierno como anticipo de su tibieza ante la propuesta del PSOE.

Soberanismo de choque

Pero algo más ha sucedido. Ciudadanos sí es partidario de la reforma de la Carta Magna, pero no precisamente en el sentido deseado por el soberanismo y muy alejado del que buscan los socialistas, situado en una especie de punto intermedio entre el actual sistema y el preconizado desde el nacionalismo catalán: una España federal no siempre precisada pero que, técnicamente, no eleva ni las competencias ni la financiación de Cataluña necesariamente y, aunque sí lo hiciera, no necesita esa compleja reforma para lograrse y además no es suficiente para contentar a un secesionismo abonado al choque.

La gota que ha colmado el vaso, provocando el reciente abandono de Ciudadanos de la comisión con un portazo al PSOE, ha sido sonora y sorprendente: los socialistas no querían escuchar a cuatro invitados propuestos por el partido de Rivera, todos ellos ligados al puño y la rosa. Ni Alfonso Guerra ni Rodríguez Ibarra ni Bono ni Laborda (en conjunto una vicepresidencia, dos presidencias autonómicas y sendas presidencias de Congreso y Senado) fuero aceptados por sus propios compañeros, tal vez para evitarse algo que Ferraz teme: la visualización, por lo demás bien conocida ya, del distanciamiento entre las glorias socialistas y su actual líder, tan agudo como lejos de subsanarse.

Un cambio imposible

Pero si todo esto es la letra pequeña de la actualidad, detonantes del día para el fracaso de la Comisión, hay una más de fondo de la que nadie habla pero todos conocen: la Constitución, en sus partes fundamentales y la territorial lo es, no se puede cambiar desde una Comisión ni con cualquier mayoría.

El procedimiento, que también explica la inutilidad de ceder a la Generalitat la potestad de celebrar referéndum cuyo resultado sería inaplicable, define y acota el espacio de reforma al alcance de los partidos y define un único camino: ni aunque se lograra el imposible de ceder las competencias de referendos a la Generalitat, tal y como defiende reiteradamente Podemos, nada de lo que allí se decidiera tendría efectos prácticos sin el visto bueno del conjunto de los españoles.

Lo prescribe el artículo 168 del Título X de la Carta Magna. Un cambio tan traumático de la ley de leyes exige un procedimiento muy laborioso que en la práctica lo hace casi inviable para siempre: primero debe haber un apoyo de dos tercios del Congreso; después hay que disolver las Cámaras y convocar nuevas Elecciones Generales y, en el caso de que las nuevas Cámaras ratifiquen la reforma previa, consultar a todos los españoles a través de un referéndum nacional.

Una consulta inútil

La independencia no puede concederse por un acuerdo político y la cesióncompetencial de un eventual referéndum sólo serviría para medir el respaldo a la independencia y al constitucionalismo, pero nunca para provocar decisiones sin contar con el conjunto de los ciudadanos. La soberanía nacional decide, siempre y en último caso, aunque la trampa de Podemos simule lo contrario. Quizá para ganarse un espacio bajo el sol electoral catalán, cuando la tormenta cese.

Por qué Podemos presenta como alternativa una propuesta simplemente inútil,maquillando su verdadera naturaleza, puede ser una incógnita. Lo que no lo es, con la Constitución en la mano, es quién tiene la última palabra. El manido pueblo soberano.