Roger Torrent, otro irresponsable que señala a Llarena para que le acosen más

El independentismo nunca logrará su objetivo, porque es ilegal, porque es antidemocrático y porque no cuenta con el respaldo de los únicos que tienen derecho a decidir: los 46 millones de españoles depositarios de una soberanía que no se puede reducir ni amputar a la carta para adaptarla al deseo de una minoría, por mucho que ésta se sienta propietaria única de un territorio que, simplemente, es de todos.

Lo único que este movimiento puede lograr -y lo está logrando- es inestabilidad política, tensión social y empobrecimiento económico, tal y como atestiguan todos los datos que miden esas variables: no hay Govern, las instituciones catalanas están paralizadas o intervenidas y la fuga de empresas, el aumento del parto o la caída del turismo son ya una inquietante deriva estable.

Y, además, en un clima de confrontación social que tiene en la kale borroka de los llamados CDR a su infantería; pero a todo el secesionismo instigándolo cada día con un lenguaje apocalíptico, un asalto constante a la legalidad y un desafío inaceptable al sentido común.

Torrent es un funcionario del soberanismo que nunca tuvo otro oficio y ahora desprecia la oportunidad de hacer algo sensato

En ese escenario, no ha emergido ninguna voz sensata y valiente que recuerde a los distintos partidos que sin procedimiento desaparece la democracia, y que cualquier aspiración política pasa necesariamente por el respeto a éste.

En el desvarío general, esa voz debería de haber sido el presidente del Parlament, Roger Torrent, un independentista pata negra que, por ello, hubiese tenido una mayor autoridad para calmar las aguas y entender que el primer paso innegociable para recuperar un mínimo equilibrio era respetar el papel de las instituciones y ponerlas a desarrollar las funciones que sí tienen y no las que intentan adjudicarle.

Pero lejos de eso, Torrent se ha transformado en una especie de sustituto de Puigdemont y Junqueras a la vez, de los dos Jordis, de la ANC y de Òmnium para, desde su puesto, prolongar un pulso que jamás les llevará a la separación. Su última hazaña es especialmente lamentable: impulsar una querella contra el juez Llarena desde la Mesa del Parlament, que puede incurrir perfectamente en un delito de malversación por servirse de recursos públicos, a sabiendas de la ilegalidad, para atacar a un poder público que simplemente hace su trabajo.

Agresión y violencia, sí

La perversa utilización del Parlament para imponer un proyecto soberanista y el asedio personal que el magistrado del Supremo y su familia están sufriendo resumen el carácter auténtico de un movimiento que se dice pacífico pero, en realidad, nace y se sustenta en la agresión y la violencia, en distintos grados y con distintas caras pero una misma naturaleza: romper, enfrentar y asaltar las leyes, el marco constitucional y la convivencia en nombre de unos valores que, por alguna extraña razón, consideran de una jerarquía inalcanzable para el resto.

Que Torrent instigue el acoso a Llarena y a su familia, ya visible hasta en su domicilio personal, resume la actitud del soberanismo

Es esa actitud de desprecio al terreno de juego real y no la respuesta posterior, inevitable y necesaria en un Estado de Derecho como España, lo que lo tensiona todo y hace tan difícil una resolución, siquiera mínima, del lamentable conflicto. Y es ese maximalismo, también, lo que hace inviable el diálogo.

Porque no se puede dialogar nada con unos representantes institucionales que desprecian la separación de poderes, asaltan las instituciones, denigran el marco legal, incendian las calles y, cuando reciben la inevitable respuesta jurídica e institucional que tales hechos comportan, se presentan como víctimas de una represión que sólo ellos protagonizan.

Un funcionario del separatismo

Torrent es un funcionario del separatismo que no ha trabajado en otra cosa, desde que era poco más que un adolescente. No cabía esperar, pues, una altura política e intelectual que nunca tuvo antes de ocupar el cargo de la ínclita Carme Forcadell. Pero si podía esperarse que, desde la mera lectura de los hechos y las consecuencias previas a su designación, optará por una gestión utilitaria de sus funciones y le hiciera ver a todos los partidos soberanistas que la única salida era designar a un presidente sin problemas judiciales y formar un Gobierno respetuoso con la Constitución y el Estatut.

El nacionalismo tiene la salida en su mano, pero sólo llegará si cumple primero con la liturgia legal que comporta la designación del presidente y, a continuación, renuncia al unilateralismo y a la ensoñación separatista. Y como ninguna de ambas cosas parece probable, sólo queda mantener el 155 el tiempo que haga falta y reactivarlo, las veces que sea necesario, si vuelven a las andadas.