El Tribunal de Cuentas mira a la Iglesia
Las presiones políticas, que pueden extenderse a los conciertos, se cobran un primer objetivo: la Iglesia Católica pasará una auditoría pública para conocerse cómo gasta lo que recibe.
El presidente de la Conferencia Episcopal, en su visita al presidente del Gobierno el pasado marzo
La Iglesia recibirá la visita del Tribunal de Cuentas, el temido organismo público que cada año fiscaliza las cuentas de cualquier Administración Pública o entidad que, de un modo u otro, recibe recursos económicos de ella. En este caso, el TC se centrará en el dinero que, vía declaración del IRPF, con la famosa X en la casilla, recibe la Conferencia Episcopal cada año; en torno a 250 millones de euros.
Las cuentas de la Iglesia están en la mirilla, de nuevo, de algunos partidos, con los conciertos como objetivo
La decisión podría ser rutinaria, pero tiene una derivada política de gran calado, pues obedece sin duda a un empeño del PSOE, secundado por Podemos, de someter a la Iglesia a una 'investigación' que podía haberse ahorrado o pospuesto para otra ocasión: cada año, la institución que preside Ramón Álvarez de Miranda aprueba su programa de actividades para el próximo ejercicio en el que, además de los informes que está obligado a hacer por ley y los que le piden las Cortes Generales, incluye una serie de fiscalizaciones a su libre elección.
Al igual que en años anteriores examinó las cuentas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) del Banco de España, esta vez ha decidido auditar la financiación pública que reciben las distintas confesiones religiosas, aunque es evidente que el grueso del trabajo se dedicará a la abrumadoramente mayoritaria de todas ellas, la católica.
Será la primera vez que la Iglesia pasa por el control del organismo fiscalizador, al igual que el resto de confesiones con las que el Gobierno tiene acuerdos desde hace años: judíos, evangélicos y musulmanes.
Esta decisión se toma un justo un año después de que cinco consejeros del Tribunal de Cuentas, propuestos por los socialistas, reclamaran una fiscalización de la Iglesia a través de dos votos particulares presentados al programa de Fiscalización para 2017. Entonces, el pleno del organismo compuesto por doce consejeros más el fiscal, no incluyó esa petición por decisión mayoritaria.
Petición del PSOE
También se rechazó en el Congreso en enero pasado una iniciativa de PSOE y Unidos Podemos en la que se reclamaba la fiscalización específica de los recursos públicos que la Iglesia Católica recibe del Estado a través del 0,7 por ciento del IRPF. La propuesta, debatida en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas, no contó con el apoyo de PP y Unión del Pueblo Navarro (UPN), que votaron en contra.
Además, PDeCAT se ausentó de la sala en el momento de la votación de este punto. Ahora, ese impulso se ha encauzado a través del TC para llegar al objetivo que no se pudo lograr desde las Cámaras.
Según los últimos datos de la Iglesia, correspondientes al año 2016, el número de declaraciones de IRPF a favor de la institución católica superó los siete millones, con un aumentó de 55.841 declaraciones, aunque el importe recaudado por esta vía del 0,7% fue casi 1,1 millones inferior a la del año anterior y se quedó en los 249 millones.
La Iglesia impulsó este vídeo para explicar sus propias cuentas
Los curas, que no llegan a ser mileuristas, consumen buena parte de los recursos de la Iglesia por IRPF
La financiación de la institución religiosa es un asunto de debate político desde hace lustros que ahora parece incrementarse y trasladarse a otros ámbitos como los conciertos educativos, sanitarios o asistenciales, de los que la Iglesia obtiene buena parte de sus recursos, dando a cambio un servicio que el Estado tendría enormes dificultades para asumir directamente.
Aunque es complicado saber a qué cantidad exacta asciende el cómputo global de ingresos de la Iglesia, entidades como Europa Laica la han situado en 11.000 millones de euros, aunque en el caso de que la cifra fuera correcta tendría que detraerse de ella un porcentaje muy grande para costear los gastos que supone la estructura necesaria para obtener esos recursos: de esa cantidad también habría que extraer, lógicamente, las partidas que financian los colegios, hospitales, asilos y centros de atención necesarios para, vía concierto con el Estado, atender sus fines y satisfacer a sus usuarios con gran satisfacción de éstos.
En todo caso, de los 250 millones de euros procedentes del IRPF, por decisión libre de los contribuyentes, sí se sabe ya lo sustantivo a falta de la auditoría del Tribunal de Cuentas: el 81% de esa cantidad, que gestiona la Conferencia Episcopal y reparte entre las 70 Diócesis españolas, se dedica a sufragar los salarios de los casi 20.000 sacerdotes existentes en España y de los obispos, que reciben conjuntamente algo más de 2.5 millones de euros anuales: en torno a 1.250 euros por mitra.
La decisión del Tribunal viene después de otra intensa polémica por el papel de parte de la Iglesia en Cataluña, claramente orientada en favor del secesionismo en contra de la posición oficial de la institución, y por el impacto que esa presión tuvo en uno de los emblemas de la Conferencia Episcopal, la cadena Trece Televisión, sometida a una 'limpieza' de contenidos y tertulianos coincidiendo con el clímax del desafío independentista al Estado de Derecho. Ambas circunstancias han provocado una fuerte tensión interna en la CEE, aún sin resolver.