Impedir camisetas amarillas en la Copa del Rey, un acierto que debe ampliarse

La decisión de evitar simbología independentista en la final de la Copa del Rey -en concreto camisetas amarillas- ha suscitado una polémica tan intensa como improcedente, sustentada en la enésima confusión al respecto de la libertad de expresión. Genéricamente, cabe recordar que como todo derecho tiene límites, muy anchos por cierto, pero nunca infinitos: no todo cabe en él, ni todo lo que se evita le ataca ni denigra.

Y es precisamente en los campos de fútbol donde más casos evidencia esto: la simbología ultra está felizmente prohibida en los campos, pues se entiende, con toda la razón, que es una incitación al odio, la violencia y el enfrentamiento. Sin necesidad de establecer comparaciones milimétricas, es lo mismo que cabe decir de las camisetas amarillas.

No sólo las camisetas amarillas: también deben evitarse todas las ofensas al himno, al Rey y a los símbolos nacionales

Por mucho que sus portadores y quienes les defiendan insistan en que es una manifestación legítima de un derecho político reprimido; en realidad lo es de un delito contra la Constitución que maquilla la naturaleza golpista de quienes lo cometieron y estimula, en ámbitos tan delicados como una final deportiva, un enfrentamiento entre aficiones.

Orden público elemental

No hay pues limitación ni censura alguna, sino la mera aplicación de una directriz de razonable cumplimiento en grandes eventos en los que el riesgo de choque violento es especialmente alto. El aquelarre secesionista cree poder incluir los silbidos al Rey, el desprecio a la bandera de España y el merchandising separatista incluso en eventos públicos, pero no es así: que no sea delito no significa que sea de buen gusto ni respetuoso, algo que debiera ser suficiente para cualquier persona con sentido común; pero además en acontecimientos masivos ha de restringirse por una cuestión esencial de orden público.

El nacionalismo no se manifiesta, agrede y ofende, con especial intensidad en este tipo de partidos, intentando convertirlos en escaparate de sus reivindicaciones. Evitarlo no sólo es un derecho, sino también una obligación que se entendería perfectamente intercambiando protagonistas y escenarios: pero eso no ocurre, las agresiones son sólo de una parte y la vergonzosa presión de profesores catalanes a hijos de guardias civiles lo demuestra con repugnante claridad.

El ministro del Interior acertó pues al paliar los riesgos de enfrentamiento. Y también lo haría el Gobierno si estudiara cuantas medidas fueran necesarias para frenar los constantes desprecios, las vejaciones y las coacciones que, en nombre de un derecho que pervierten, protagoniza el secesionismo con habitual impunidad.

Las ofensas tienen que cortarse

Porque, y ésa es otra, no hay razón legal ni social que imponga aceptar el reiterado espectáculo que, en partidos como éste, genera el nacionalismo, convirtiendo al Rey en objeto de ataque y al himno de España en objetivo de sus exabruptos: si el más elemental sentido común, la simple educación y el buen gusto no son suficientes para moderar las ofensas, habrá que reflexionar sobré qué medidas protectoras se adoptan para replicarlas.