La Manada: una sentencia insuficiente con un juicio mediático paralelo desbocado
Tras el show televisivo que ha durado meses, llega la sentencia a La Manada, dejando una insatisfacción general que invita a una profunda reflexión general sobre la sociedad y la justicia.
Es comprensible el revuelo suscitado por la sentencia contra los componentes de La Manada, a quienes se confina a solo 9 años de prisión por un delito de abusos sexuales pero no de violación: los hechos, tal y como se han narrado en televisión, resultan de una atrocidad desmedida, perfectamente encajables en un fallo judicial bastante más severo por un tipo penal bastante más duro.
Desde esa premisa, es razonable la indignación subsiguiente y la sensación de que la Justicia no sólo no ha sido sensibles al clamor social -que no debe afectar a un juicio con garantías-, sino tampoco a los hechos concretos y sus circunstancias reales: sea por falta de sensibilidad o por el corsé jurídico algo anticuado que aún analiza los delitos de carácter sexual, lo cierto es que el aroma a una cierta impunidad se ha extendido como un reguero tras la difusión de la condena.
Siempre hay que estar con la víctima. Y recelar un poco de la televisión, que convierte en un show con juicio paralelo cualquier drama
Esta lectura encaja en el relato de la televisión pero, sin embargo, tal vez no lo haga del todoen el ordenamiento jurídico vigente, a partir del cual los jueces actúan. Y conviene insistir en ello: los programas de noticias y variedades han llenado incesantes horas con La Manada, creando un producto atractivo para la audiencia a base de especular, a menudo, sobre un suceso luctuoso que realmente no conocían para poder satisfacer la supuesta demanda de los televidentes.
Y ello ha formateado una condena, antes de la oficial, que ahora queda mitigada por la que realmente han firmado dos jueces, con el voto en contra de un tercero que apostaba por la absolución.
Víctima, siempre
Preguntarse hasta qué punto la indignación social atiende al relato televisivo y no al judicial, que cercena el espectáculo y se dirime en base a pruebas exigentes de todo tipo, no es un desdoro para la víctima -que lo es en toda circunstancia-, sino una manera de enmarcar este desagradable episodio en toda su complejidad. Y la única forma de desechar un debate público pasional para apostar por otro productivo que necesariamente reside en el poder legislativo, el único capaz de modificar las leyes cuando se percibe que han quedado superadas por comportamientos no suficientemente definidos en el momento en que se hicieron.
A este respecto, resulta sangrante la contradicción existente entre los partidos que ayer mismo exigieron una reforma legal en este ámbito, olvidando que, para otros también indignantes como los de Diana Quer o Gabriel Cruz, tanto y tan cínicamente insistían en la inconveniencia de "legislar en caliente".
Afirmar que en España no se persiguen los delitos sexuales o que esta sentencia es un aldabonazo para los violadores y una losa para todas las mujeres, resulta sin embargo tremendamente injusto. Y además genera una innecesaria alarma social: salvo en el caso de los abusos infantiles, que desgraciadamente no llegan en muchos casos a los tribunales por la omertá que se impone en las propias familias; la Policía persigue y los tribunales condenan a la mayor parte de los responsables de estos repugnantes crímenes, de los más odiosos que se puedan cometer.
Agresores o violadores, los miembros de La Manada son unos canallas incapaces de respetar a una joven de apenas 18 años
Entre ellos a los sinvergüenzas de La Manada, cuyo comportamiento hubiera sido inadmisible, violento e inhumano incluso con el consentimiento de la denunciante, por ponernos en el extremo más favorable a ellos a modo de desmontar su coartada. Hay que ser muy mala persona para no entender que, en esas circunstancias, todo lo que no fuera proteger a la joven equivalía en sí mismo a un abuso por la diferencia de edad, de número, de fuerza y de circunstancias.
Pero es que además sí hubo una agresión, la que les condena a nueve años, una cifra insuficiente para un violador pero adecuada para unos canallas que, además, no impide la apelación de la víctima para que una instancia judicial superior eleve la pena si lo considera oportuno.
Un show más
Una última reflexión ha de dirigirse hacia los medios de comunicación audiovisuales, que cada vez más convierten sucesos terribles en shows indecentes, soflamando a la opinión pública con productos aparentemente rigurosos que, en la práctica, no son más que espectáculos de consumo rápido. Ocurrió con los citados Quer o el niño Gabriel y ha ocurrido con La Manada, tres desgracias obviamente distintas que sin embargo coinciden en algo: todas han inspirado bochornosos despliegues mediáticos insensibles, cuando no ofensivos, con los damnificados a los que decían servir.
La mejor forma, sino la única, de servir a las víctimas es evitando utilizarlas e impulsando cuantas reformas sean necesarias para que sus dolorosos casos sirvan de enseñanza e impulsen escudos más eficaces para el conjunto de la sociedad.