La Transparencia decidirá quién 'sobrevive' al examen público en marcha

La Transparencia es la ley del futuro que marca el presente y su aplicación y defensa condicionará la actividad pública como antídoto contra los excesos y garantía de participación del ciudadano, cada vez más implicado en la gestión de los asuntos comunes y consciente de su derecho a acceder a la información de instituciones, partidos, sindicatos, patronales, federaciones, y, en general, todos los organismos públicos y su variada gama de contratos y relaciones.

Según Julio Naranjo, CEO de la primera consultora española especializada en la materia, Arpinum, la Transparencia "decidirá quién y cómo opera en el campo público", y lo hará desde un principio "tan desconocido como exigible de Buen Gobierno, que a menudo se olvida pese a ser obligatorio y tener consecuencias".

Nadie que no aplique la Transparencia va a sobrevivir a la era de exigencia y rigor que ya tenemos encima"

"Lo vemos a diario ya y lo veremos mucho más al corto plazo: casi todas las controversias que ocupan espacio en los medios de comunicación, desde la política al fútbol, tienen en la Transparencia una herramienta prioritaria para quienes quieren gestionar bien y para quienes quieren que se frenen los abusos", explica.

En una línea parecida se pronuncia Transparencia Internacional España (TI-España), que considera "un paso muy importante" la nueva directiva propuesta por la Comisión Europea para proteger a los denunciantes que informen sobre corrupción y violaciones de las leyes en los países de la Unión Europea (UE).

Ayuda pública

La Comisión Europea propuso una serie de medidas para establecer unos canales protegidos para los denunciantes y prohibir cualquier represalia contra quienes sacan a la luz irregularidades tanto en empresas privadas como en organismos públicos.

"La nueva directiva va a suponer un paso muy importante para que los ciudadanos de cualquiera de los países de la UE se sientan legalmente protegidos para denunciar aquellos casos de corrupción o actividades delictivas que puedan conocer", estima el presidente de TI-España, Jesús Lizcano en un comunicado.

Lizcano defiende que en España se pase del "concepto de chivato" al de denunciante "como ciudadano cumplidor de sus deberes éticos y sociales".

Más de un tercio denuncia represalias

De acuerdo con la encuesta Global Business Ethics de 2016, un 36 por ciento de los trabajadores que hicieron públicas las irregularidades manifestaron haber sufrido algún tipo de represalia.

Julio R. Naranjo (izqda.) y Jesús Lizcano

La Transparencia no es una opción, es una obligación legal con consecuencias muy graves si se desoye

Por ello, los mecanismos incluyen el establecimiento de canales de denuncias, tanto dentro como fuera de las organizaciones, en los que estará garantizada la confidencialidad.

Se considera un proceso de denuncias en tres niveles: primero, en las vías internas de la organización; si esto no funciona, a las autoridades competentes; y si no se toman medidas en este sentido o si hay "peligros inminentes", entonces se prevé la utilización de los medios de comunicación.

La propuesta de la Comisión recoge la protección de los denunciantes que informen sobre asuntos relacionados con las compras públicas, los servicios financieros, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, la seguridad del transporte, la protección ambiental, la seguridad nuclear, la seguridad alimentaria, la salud de los animales, la salud pública, la protección a los consumidores, la protección y la seguridad de los datos y sistemas de información, y las regulaciones tributarias e intereses financieros de la UE.

Respuesta inmediata

Por otra parte, las empresas y las instituciones públicas tendrán la obligación de responder a los informes de los denunciantes en un plazo máximo de tres meses desde que se hace la denuncia a través de los canales internos.

Transparencia Internacional es una organización no gubernamental que difunde e impulsa medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional. Se fundó en 1993. Publica anualmente el Índice de Percepción de Corrupción, una lista corporativa de corrupción a nivel mundial. La sede se encuentra en la capital de Alemania, Berlín, pero opera en más de 70 países.

Esta organización define la corrupción como el abuso de poder para beneficios privados que finalmente perjudica a todos y que depende de la integridad de las personas en una posición de autoridad.