No a las sentencias populares, los linchamientos o la pena de Telediario

La más que controvertida sentencia de 'La Manada' ha tenido una reacción política de indignación y exigencia de reformas que, básicamente, procede de los mismos círculos que para otros casos igual o más de impactantes en la opinión pública rechazaban cualquier cambio y alertaban del peligro de, a su entender, "legislar en caliente".

En la memoria permanecen Diana Quer o Gabriel Cruz, símbolos de la resistencia social a derogar la prisión permanente revisable, ya en vigor, defendida por una formidable mayoría de españoles y sin embargo contestada por otra mayoría del arco parlamentario. Al menos de momento.

En éstos y otros casos existe una coincidencia: los hechos y las sentencias golpean a la opinión pública con contundencia y ésta se ve amenazada primero y desatendida después, lo que le lleva a clamar por nuevas respuestas que aumenten la protección y pongan coto a los abusos.

La justicia 'alternativa' exigida o impuesta desde la calle no es justicia y degrada la democracia siempre

Hasta ahí, no sólo es razonable, sino también necesario que la ciudadanía maneje el termómetro de sus preocupaciones para que el poder legislativo convierta esa sensibilidad en novedades jurídicas, siempre dentro de unos parámetros que no alteren la esencia del Estado de Derecho ni sometan al Código Penal a un inagotable baile cada poco tiempo.

Ahora bien, hay que tener cuidado con un efecto, visible con 'La Manada': la extensión de una queja global al sistema judicial y la proliferación de un mensaje según el cual la única justicia verdadera es la que se imparte desde la calle, convertida de repente en una especie de gran jurado popular cuyo sentir ha de trasladarse, sin más, a los fallos emitidos por los tribunales.

Crítica y respeto

Es perfectamente compatible criticar la sentencia de Pamplona con defender el trabajo del tribunal que la ha redactado, entre otras razones porque en un sistema como el español la posibilidad de apelación puede enmendar cualquier error o, simplemente, reinterpretar un fallo a la luz de matices, hechos y pruebas que se habían ignorado.

Y si no es suficiente con ello, el sistema institucional prevé la posibilidad de cambiar las leyes, desde el Parlamento y con debates públicos, para adaptarla a situaciones y contextos que en el momento de la redacción legislativa no existían o no se veían.

En una democracia el procedimiento es crucial, y la falta de él un riesgo degradante sobre el que conviene advertir. Especialmente en un momento donde casi todo se decide en las televisiones o en las redes sociales, transformadas en alternativas oficiosas pero decisivas para dirimir casi cualquier conflicto y emitir las 'condenas' que se estiman necesarias, sin las garantías imprescindibles para que la justicia no sea un mero ajuste de cuentas.

Catalá o Robles le hacen un flaco favor a un juez, sumándose a las críticas furibundas y nada inocentes

Ni la pena de telediario ni los linchamientos públicos ni los 'tribunales' callejeros son propios de una democracia madura que tiene los mecanismos para enmendar eventuales errores sin necesidad de degradar el ecosistema jurídico y social en nombre de unos sentimientos supuestamente masivos que se presentan como órdenes directas de aplicación innegociable.

El ministro

En ese sentido, flavo favor le han hecho a la Justicia el ministro del ramo, Rafael Catalá, o su homóloga en el PSOE, Margarita Robles, sumándose a la ola de populismo judicial y poniendo en entredicho a uno de los tres jueces redactores de la sentencia de 'La Manada'. No es eso, precisamente, lo que cabe esperar del titular de una cartera que, menos que ninguna, puede funcionar a golpe de estados de ánimo ni dejarse llevar de presiones por coyunturales y, en no pocos casos, nada inocentes.