Un presidente ilegítimo y un Gobierno inviable para una España amenazada

Pedro Sánchez se ha convertido técnicamente en el séptimo presidente de España desde 1978, pero en unas condiciones que le deslegitiman como tal y hacen simplemente inviable su Gobierno. Alcanzar la presidencia sin los votos necesarios para ello es, en sí mismo, un fraude democrático del que el nuevo inquilino de La Moncloa es bien consciente: sólo así se entiende su empeño en evitar a toda costa convocar a los ciudadanos a unas Elecciones Generales, tal y como parecería razonable en quien ha justificado su moción de censura como una emergencia nacional. Si es así, ¿no son los españoles quienes tienen que resolverla con su voto?

Esa sensación se agrava al constatarse cómo ha completado su falta de apoyos directos, redoblando el fraude al añadirle el respaldo de quienes, en realidad, deberían estar aislados y no computar a efectos democráticos mientras sostengan un desafío anticonstitucional a la democracia y al Estado de Derecho.

España vive una emergencia democrática que se solventa con urnas. Pero el presidente que ha llegado sin ellas hace lo imposible por ignorarlas de nuevo

Lejos de ayudar a ese aislamiento, como se había logrado con el acuerdo estable entre PP, PSOE y Ciudadanos; Sánchez se ha entregado a Puigdemont, ERC y Bildu para, en compañía de Podemos, atrapar a cualquier precio lo que por dos veces le habían negado los ciudadanos con su voto. Apelar a la legalidad del proceso o a su aritmética como única manera de legitimar esta operación nada democrática es un recurso endeble que pervierte su naturaleza constitucional para convertirlo en una herramienta de asalto.

Al líder del PSOE no debería hacerle falta escuchar que alcanzar así la presidencia, legitimando a los mismos partidos a los que hasta ayer él mismo tildaba de ultraderechistas, antidemocráticos y xenófobos, es intolerable. La primera obligación del presidente de España es cumplir y hacer cumplir la Constitución, y es simplemente imposible que respete ese mandato si sólo ha sido capaz de llegar al puesto gracias a quienes intentan acabar con ella.

Una Moncloa intervenida

Pretender que su mera presencia es garantía de nada, con La Moncloa intervenida por quienes sin duda le van a pasar la correspondiente factura, es un ejercicio de filibusterismo, de ignorancia y de irresponsabilidad a la vez: si el soberanismo no ha dudado en desafiar al Estado y a la alianza de tres grandes partidos, ¿cómo no va a incrementar esa presión ante un muro de contención mucho más débil que le debe el puesto?

En una democracia sólida, no vale todo: los procedimientos constitucionales nacen de un espíritu etéreo pero fácil de entender, pues resume la voluntad del pueblo siempre, que se malversa cuando se utiliza la letra y se desprecia su fin último. Lo que ha hecho Sánchez, denigrando el voto ciudadano y negándose a ponerse a prueba ante las urnas, es conculcar esa máxima para asaltar el poder de manos de quienes sólo se lo entregan para utilizarlo contra el país que va a presidir.

Convocar Elecciones con urgencia es una necesidad nacional que no puede despreciar más un presidente que no merece serlo

No es una opinión, es un hecho, y el propio Sánchez lo había dicho en incontables ocasiones en los últimos meses. Pero también lo recalcan cada día, de palabra y obra, el PdeCat, ERC o Bildu, tres de sus valedores sin los cuales, simplemente, no sería presidente.

La corrupción, un problema sin duda relevante que en un Estado de Derecho se juzga políticamente en las urnas y penalmente en los tribunales, no ha sido más que una coartada para camuflar la verdadera naturaleza de una trampa política que desprecia la base de la democracia al prescindir, de manera burda, de la ciudadanía: ni se ha respetado lo que votó, por dos veces en poco tiempo, ni se le ha querido preguntar si acaso su opinión había variado.

Emergencia democrática

España vive una emergencia democrática que sólo se puede solventar acudiendo a las urnas. Pero el presidente que ha llegado sin contar con ellas ya está haciendo lo imposible por ignorarlas de nuevo. No se trata de defender al PP ni a Rajoy, cuyos errores y aciertos ya los juzgará la historia, sino de entender que el sustento mismo de la democracia y la convivencia ha sido pisoteado por quienes se han servido de ella para lograr lo que ella les había negado.

Convocar Elecciones es, pues, una urgencia que ha de ser atendida en el menor plazo posible. Y que haya que recordarle algo tan obvio a quienes más habían presumido de defender la democracia participativa, lo dice de su auténtica naturaleza.