Las cuentas del PNV: el doble de dinero para los vascos y la mitad de esfuerzo

El PNV se juega 540 millones de euros que había pactado con el PP, para los Presupuestos Generales del Estado de 2018, y que ahora están en entredicho tras apoyar la moción de censura de Pedro Sánchez. Los populares están dispuestos, desde su mayoría en el Senado, a enmendar esa partida para dedicársela a otros frentes más sociales.

Se habla de dependencia, igualdad o pensiones, pero la intención política es la misma: revertir un acuerdo que económicamente era difícil de justificar, por el estatus privilegiado que ya tiene Euskadi, pero políticamente daba estabilidad a la acción del Gobierno.

Derribado éste, a juicio de los populares no tiene sentido mantener un pacto que, no obstante, podría recuperarse en el Congreso dentro de dos meses aproximadamente: la Cámara Baja recibiría los presupuestos enmendados desde el Senado y tendría la ocasión de 'recuperar' el premio que el PNV quiere a toda costa, sea con el PP o con el PSOE.

La jugada

La jugada política consiste en demorar las cuentas y poner al Gobierno de Sánchez en un aprieto: mantener una concesión al País Vasco a costa, tal vez, de negarse a apoyar las propuestas sociales que muy probablemente reclame el PP en sus enmiendas.

Ése es el mapa político. ¿Pero y el financiero? ¿Se merece el País Vasco esa sobrefinanciación? ¿Cómo funcionan las cuentas públicas en España? ¿Atienen con igualdad a los ciudadanos y sus rentas o premian a determinadas regiones por razones 'históricas'. Éstas son las respuestas.

Dos 'paraísos' fiscales en España

Si Madrid, Baleares, Cataluña y Valencia tuvieran el mismo régimen fiscal que Navarra y Euskadi, las dos comunidades a las que más se parecen por renta y PIB; el resto de regiones de España tendrían una sanidad o una educación de tercera fila, la que podrían costearse con sus propios recursos y con poca ayuda de las regiones más prósperas.

El cupo vasco, renegociado entre el Gobierno del PP y el PNV a finales de 2017 -y apoyado por todos menos Cs- para lograr el apoyo nacionalista a los presupuestos a cambio de 1.400 millones de euros, es básicamente eso: una exención fiscal abrumadora que, por resumirlo en pocas palabras, hace que un vasco tenga unas obligaciones fiscales con el resto de España inferiores en cerca de un 50% a los ciudadanos con la misma renta de otras latitudes.

Un vasco o un navarro contribuyen o reciben la mitad que un madrileño o un valenciano: eso es el cupo y el fuero

Y lo mismo ocurre con el fuero de Navarra: se trata de derechos de viejo abolengo que, en pocas palabras, invierten el orden económico habitual en España: para todas las demás, Hacienda recauda y a continuación reparte a las Comunidades Autónomas, a las que les llega cada año en torno a 100.00o millones de euros. En estos dos casos, es a la inversa: ellas deciden todo, se encargan de ingresarlo y, después, negocian una cantidad a pagar al Estado a cambio de los servicios 'nacionales' que reciben.

Pero el problema no está en la concesión de una autonomía fiscal por razones históricas, sino en el cálculo posterior que se hace para sufragar los servicios que España ofrece en todas sus latitudes, incluidas la vasca y la navarra. Eso es el cupo, y su dimensión exacta el motivo de disputa y polémica que, en la práctica, siempre ha sido beneficioso para las comunidades más nacionalistas o más tentadas a ser atraídas por ese camino.

Derecho a la 'insolidaridad'

Con la llamativa complacencia de la izquierda, que renuncia a la redistribución, y el seguidismo de la derecha, capaz de cerder lo que sea a cambio de estabilidad política o acuerdos como el de Aznar en su día y Rajoy a finales del año pasado.

Por volver a explicarlo en pocas palabras de fácil comprensión, por una razón u otra en España se reconoce el derecho a la insolidaridad desde las mismas sensibilidades ideológicas que reclaman, no sin razón, un esfuerzo de Alemania con Grecia. Si los 'alemanes' de España son, por renta y PIB, madrileños, baleares, valencianos, catalanes, vasos y navarros; a los dos últimos se les perdona el esfuerzo y su renta, grosos modo, es para ellos.

Ser vasco o navarro supone tender el doble de financiación per cápita que cualquier otro español, sin más

Si el espíritu del cupo es ése, la letra confirma el formidable paraíso fiscal existente dentro de España con dos comunidades, una anomalía en Europa más propia de climas caribeños alejados de la solidaridad fiscal. El impacto económico se puede ver de dos maneras, ambas incontestables con las cifras en la mano: a igual renta, un residente en 4 de las 6 comunidades con mayores recursos paga el doble que un vasco o un navarro o, si se prefiere decir de otra manera, recibe la mitad de financiación.

Las palabras de Torra

Es el único punto, de hecho, en el que la queja del movimiento secesionista catalán tiene lógica, aunque la solución que han propuesto históricamente es la contraria a la razonable y obvia que durante los años de crisis el Fondo de Liquides Autonómica (FLA) se ha dejado allí 60.000 millones de euros: ellos no piden que se acabe con el privilegio, sino que le sea extendido a Cataluña, que no es en todo la más solidaria. Y con eso ya ni se conformarían, como explicó ayer mismo Quim Torra desde la presidencia de la Generalitat: más financiación no significará una renuncia a la unilateralidad.

De lograrse ese objetivo, no obstante, Andalucía, Extremadura o las dos Castillas se quedarían de un día para otro sin buena parte de los recursos que les permiten ofrecer unos servicios públicos similares a los de resto de España.

Porque la opción de recurrir al incremento de la deuda pública para compensar la extensión del privilegio a otras regiones es, simplemente, insoportable: ya supera el 100% del PIB, probablemente alcance incluso el 1.3 billones de euros reales y no se puede ampliar sin generar un estropicio con Europa e hipotecar el futuro del país: aunque algunos hablan con alegría de elevar el techo de gasto, sin tener en cuenta los ingresos del país; elevar la deuda afecta al futuro del Estado del Bienestar lo mismo que la contaminación al porvenir del ecosistema.

Con los números en la mano, y datos oficiales del Ministerio de Hacienda correspondientes al 'Informe sobre la dimensión territorial de la actuación de las Administraciones Públicas', elaborado el pasado verano con cifras liquidadas a 2013; el agravio es inmenso: un vasco tiene una financiación per cápita de casi 4.200 euros; un navarro se acerca a los 3.330. Un madrileño, un catalán, un valenciano o un balear se quedan, sin embargo, en la horquilla de entre 1.800 y 2.000 euros.

Una diferencia tremenda

Ese contraste, para rentas similares, es lo que permite que un andaluz, un canario o un extremeño obtengan cada año el equivalente a entre 2.000 y 2.400 euros por cabeza: todo el esfuerzo de compensar su falta de recursos lo hacen las comunidades 'ricas', menos dos de ellas exentas de esa obligación por razones alejadas de la justicia económica.

Y entre las solidarias, Madrid se lleva de largo la palma: es la que mantiene el mayor déficit fiscal (la diferencia entre lo que pone y lo que recibe con un PIB de 18.000 millones de euros anuales) y la que más aporta a los mecanismos de reequilibrio territorial.

La renta de vascos y navarros casi duplica a la de andaluces o extremeños; pero la compensación depende sobre todo de Madrid

El llamado Fondo de Compensación Interterritorial, creado para añadir un presupuesto anual para inversiones de todo tipo en comunidades, ciudades y entes locales, se financia casi en su totalidad con recursos de Madrid, el mayor contribuyente neto con cerca del 90% del montante del mismo: de ahí salen en cada ejercicio al menos 1.000 millones de euros extra de los queAndalucía se queda la mitad, aproximadamente, sin que Euskadi o Navarra sean relevantes a efectos contributivos. Lo suyo es suyo; aunque lo del resto deba ser repartido con quienes menos tienen. Lo llaman 'derecho histórico'.

La renta media de un vasco en 2016 rozó los 32.000 euros. La de un navarro frisó los 30.000, dos cifras ligeramente superadas por las de un madrileño, situadas en los 32.723 euros. Extremeños y andaluces no llegan a los 17.000. Pero si tienen unos servicios y prestaciones similares, no será por el esfuerzo equitativo entre los más ricos de la casa. Dos de ellos miran para otro lado y uno de ellos, el vasco, decide a cambio quién gobierna en España y con qué números. Hasta ahora, al menos.