¿Por qué el Gobierno defiende ahora una reforma de la Constitución inviable?

Todo intento por rebajar la tensión en Cataluña es saludable, pero no de cualquier forma ni a cualquier precio, como parece estar intentando el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. La falta de pedagogía frente al nacionalismo ha sido decisiva en su crecimiento e implantación durante cuatro décadas, y no se debe repetir el mismo error aunque la intención sea buena: mirar para otro lado, mientras se imponía un modelo excluyente y victimista con falsedades institucionalizadas, ha generado un enorme problema político. Y blanquearlo ahora no teniendo claro dónde está la responsabilidad de este conflicto mientras sus inductores lo redoblan con declaraciones diarias, sólo lo agudiza y prolonga.

La ministra de Mertixell Batet ha propuesto este fin de semana una reforma constitucional incierta pero, a su juicio, "urgente, viable y deseable". Al no especificar a qué se refiere exactamente y al prescindir de la evidencia de que algo así no se puede hacer ni desde éste ni desde casi cualquier Gobierno por el exigente juego de mayorías que impone la Constitución para ser modificada; es obvio que su mensaje es más político que práctico: reducir la crispación con la Generalitat e ir preparando a la ciudadanía para que, a futuro, esa reforma se pueda producir.

Reducir la tensión es positivo, pero ni a cualquier precio ni engañándose: el soberanismo sólo se conforma con imponer sus abusos

Pero es un tema lo suficientemente delicado como para no hacer política de gestos con él y, mucho menos, para sugerir salidas inciertas y nada precisadas que, bajo un inconcreto deseo federalista ya mejorado en realidad por la arquitectura autonómica, inviertan la carga de prueba y sitúen a España en la situación de convencer a un independentismo montaraz en lugar de frenarlo y situarlo en el lugar correcto: dentro de la ley se puede defender lo que se quiera; fuera de ella el único camino es la intervención institucional y la acción judicial.

Lo que Cataluña necesita es una desintoxicación ideológica de un movimiento que, desde las instituciones y con dinero público, se ha dedicado desde hace años a regar una semilla de agravios inexistentes y represiones ficticias que ha culminado con un 'procés' de independencia unilateral, ilegal y liberticida.

Que desandar ese camino sea muy difícil, por el éxito de la campaña sostenida de ingeniería social en generaciones enteras de catalanes, no significa que no se deba intentar y, mucho menos, que se deba admitir sin más ese nacionalismo excluyente apelando a un "diálogo" que nunca ha faltado pero siempre se ha encauzado por los procedimientos democráticos e institucionales oportunos; sistemáticamente pisoteados por el soberanismo.

Legitimar abusos

Y no parece que defender una reforma constitucional, que requiere de mayorías muy elevadas del Congreso y si afecta a la organización territorial impone además Elecciones Generales y un referéndum nacional, sea el camino. Al contrario, el independentismo se ve legitimado y refuerza su sensación de que las causas penales y las fugas de algunos de sus líderes son una acto de represión de España y no la inevitable consecuencia de sus abusos.

Si el nacionalismo desafió a la unión de PP, PSOE y Ciudadanos, visualizada en un artículo 155 que hace apenas un mes el propio Sánchez quería reforzar a la vez que se endureciera el delito de rebelión; ¿cómo no va a hacerlo ahora que gobierna en solitario un PSOE débil cuyo acceso a La Moncloa ha dependido además de los votos del PdeCat y de ERC?

El PSOE no puede seguir dando bandazos en un tema crucial, fruto de sus intereses electorales o de su debilidad parlamentaria

Aceptar la idea de que España ha sido inmovilista en la cuestión catalana es, además de falso, peligroso: la Constitución del 78 es un enorme esfuerzo descentralizador y democrático de un país que pilotó su transición desde la dictadura en el reconocimiento y refuerzo, entre otras cosas, de la identidad catalana o vasca: desde sus competencias hasta sus símbolos o lenguas, quedaron protegidas, reconocidas y promocionadas en una Carta Magna generosa que, a cambio, sólo ha recibido desprecio y deslealtad.

Los bandazos del PSOE

El PSOE debe ser consciente de esto y dejar de dar bandazos en función de sus necesidades coyunturales, pues si bien es cierto que el problema catalán ha de ser atendido sea cual sea su origen y sean quienes sean sus responsables, no lo es menos que hacerlo de cualquier manera, sólo lo engorda y legitima ante quienes ni quieren una España federal ni se conforman con otra cosa que no sea la independencia.

Que los herederos de Puigdemont parezcan dispuestos a cambiar de táctica, sin saltarse las líneas rojas penales pero aumentando la presión en la calle para ampliar su base social e intentar hacerla abrumadoramente mayoritaria, no equivale a que hayan renunciado a su único objetivo. Y si el Gobierno se engaña por ingenuidad o interés político, a quien terminará engañando es al conjunto de España.