El mal camino de la remunicipalización
Acreditados juristas reclaman cautela y piden límites para la asunción de servicios públicos por parte de los ayuntamientos, deriva de la que hacen bandera las alcaldesas Carmena y Colau.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, promocionando el servicio Bicimad, bajo gestión municipal.
Ni lo privado es más caro, ni lo público es más barato y eficiente. Y en un ayuntamiento lo más sensato es ser extremadamente cuidadoso con eso y con la captación de servicios. Un grupo de juristas liderado por el conocido Ramón Tamames han debatido sobre el marco jurídico que rige la gestión de los servicios públicos y, en especial, los procesos de 'remunicipalización' de estos servicios. Una moda en los llamados ‘ayuntamientos del cambio’, con golpes de mano como los de las alcaldesas de Madrid y Barcelona, Manuela Carmena y Ada Colau, respectivamente, tan mediáticos como cuestionables en su efectividad.
La mesa redonda 'Límites jurídicos a la remunicipalización de los servicios públicos' , organizado por el portal de noticias jurídicas Confilegal, reunió en el Club Financiero Génova a Francisco Caamaño, catedrático de Derecho Constitucional y exministro de Justicia; Valeriano Gómez, economista y exministro de Trabajo e Inmigración, y Jesús Sánchez Lambás, abogado especialista en derecho de empresas y director del Observatorio de Servicios Urbanos.
En realidad, según los expertos, la palabra remunicipalización no es correcta, puesto que los servicios de gestión privada nunca dejan de ser municipales, al ser la corporación local la titular de los mismos. A su juicio, es más adecuado el término reinternalización porque lo que se recupera es la gestión directa -interna- de los servicios, en contraposición a la externalización.
Por un lado, Sánchez Lambás ha recordado que los ayuntamientos están "obligados a acreditar de forma clara que una forma de gestión va a ser más eficaz que otra y que apelar al interés general no es suficiente". "Debe existir una causa justificada", ha añadido el letrado. Asimismo, Lambás ha puesto en valor el papel de la competencia, pues, según ha defendido, a la empresa privada que quiere ser concesionaria de la gestión de un servicio "las reglas del mercado le obligan a ser eficiente", mientras que pesa "siempre" sobre ella "el ojo normativo, regulatorio y fiscalizador" del Estado.
Por su parte, Ramón Tamames, doctor en Derecho y catedrático de Estructura Económica, ha destacado la necesidad de dejar un lado las ideologías y optar por el modelo de gestión que garantice una mayor calidad y se preste con más eficacia. Valeriano Gómez también ha llamado a "tener una perspectiva menos ideologizada, más laica" dentro del debate sobre los modelos de gestión. "No hay una superioridad de la gestión pública respecto de la privada ni de la privada respecto de la pública", ha remarcado.
El imprescindible control municipal
Esta idea ha sido expuesta también por Francisco Caamaño, que ha defendido que "ninguna" de las dos modalidades de gestión es "mejor", y ha ahondado en la cuestión asegurando que la clave para que el Ayuntamiento tenga un control efectivo sobre el servicio que externaliza reside en los pliegos de los contratos.
Según los especialistas, la clave para que el Ayuntamiento disponga de un control efectivo sobre el servicio que externaliza reside en los pliegos de los contratos
El catedrático ha destacado que se deben realizar pliegos amplios porque es en ellos donde pueden preservarse las condiciones deseadas para un servicio a través de la incorporación de cláusulas laborales (para fomentar la paridad, la estabilidad del empleo, etc.) medioambientales. "Hay que dedicarles horas", ha remachado.
Además, Valeriano Gómez ha hecho hincapié en el problema que rodea a la contratación de los empleados en un proceso de reversión a la gestión directa advirtiendo de que en estos casos los trabajadores no se convierten directamente en funcionarios, sino en 'indefinidos no fijos'.
La categoría de 'trabajador indefinido no fijo' es una figura creada mediante jurisprudencia para resolver la situación de aquellos trabajadores que, agotado su contrato temporal con la Administración, continúan en su puesto pero no pueden convertirse en indefinidos porque su plaza debe ser cubierta por un funcionario, categoría que requiere superar un proceso de selección público.
Gómez ha sostenido que la situación conlleva problemas de inseguridad jurídica: "Cobran a fin de mes, pero casi nada más", ha subrayado, para después añadir: "El resto de los derechos no están suficientemente acreditados en este momento".
El que fuera ministro de Trabajo e Inmigración con el segundo Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ha subrayado que, ante una reinternalización, "los trabajadores tienen que tener una respuesta".