El Gobierno no puede mirar para otro lado en la campaña contra Felipe VI
España no puede pagar la factura de Pedro Sánchez con los independentistas que le llevaron al Gobierno. Callarse ante el acoso al Rey es injustificable y exige una rectificación inmediata.
Relevado el PP en La Moncloa y frenado C's en Cataluña, el independentismo ha elegido al Rey como objeto de todos sus ataques, en una estrategia que obedece a la doble necesidad de mantener vivo un enemigo imaginario con el que movilizar a a sus seguidores y, a la vez, no hacerlo con el Gobierno de Sánchez, mucho más permisivo con su aliado en la investidura.
Sin tensión, por ficticio que sea el relato que la soporta, el soberanismo se desinfla y pierde toda su capacidad de seducción y movilización, sustentada en una propaganda de gestos, mentiras y decisiones destinadas a soflamar el ecosistema político y reforzar un apoyo social que camufle su inequívoco carácter antidemocrático.
La destitución de Rajoy acabó con el rival que personificaba todos los males inventados por el nacionalismo, que no puede mantener ya la misma tensión contra un nuevo presidente aupado con sus votos: ni PdeCat ni ERC, pilares de la moción de censura, tiene fácil sostener que el Ejecutivo socialista es igual de malo que el popular ni, en consecuencia, Sánchez y su Gabinete pueden proyectar en el conjunto de España la misma imagen de solidez ante el desafío, un imposible una vez se aceptó alcanzar el poder con semejantes respaldos.
Sánchez no podrá negar mucho tiempo más que ésa es la factura de haber llegado al poder con el voto soberanista
En consecuencia, la Casa Real aparece como recurso accesible para retomar el pulso y la absurda dialéctica como choque entre la España que impone y la Cataluña que quiere decidir. Si los Reyes siempre han sido objetivo de desprecio por el soberanismo, cuyas facciones más radicales han hecho de la quema de retratos y banderas o de los abucheos en actos oficiales un emblema; ahora ha redoblado ese acoso y lo ha institucionalizado como nunca.
Un boicot sistemático
La declaración de Felipe VI como persona non grata en Gerona; la prohibición de entregar en un recinto público los premios Princesa de Girona; la insultante carta de Quim Torra al Jefe del Estado o el alud de declaraciones despectivas de la práctica totalidad de los principales dirigentes nacionalistas componen un cuadro perfectamente diseñado con unos objetivos evidentes: minar lo que tal vez consideren el último símbolo de la imposición española sin cruzar, al menos de momento, las líneas rojas penales que acaban teniendo graves consecuencias en los juzgados.
En ese contexto, la ausencia de pronunciamiento del Gobierno y, más en concreto, del presidente Sánchez, resulta sorprendente e injustificable. Y ahonda en la sensación de debilidad aritmética y política de su Gabinete, por mucho que se quiera revestir de 'actitud' dialogante lo que es más peaje e incapacidad ante el nacionalismo.
Ofender al Rey es, en determinadas circunstancias, un lamentable ejercicio de libertad de expresión similar al de denigrar a España o atacar la Constitución. Pero boicotearle, de manera sostenida y sincronizada desde la Generalitat, el Parlament o partidos con presencia en el Congreso, excede de ese ámbito para adentrarse en el del problema político de primera magnitud.
El acoso al Rey se hace ya desde las instituciones y obedece a un objetivo: minar un símbolo más de España
Ni Sánchez ni el PSOE pueden mirar para otro lado cuando Torra, Torrent o Artadi desprecian al Jefe del Estado, le consideran cómplice de una violencia inventada, le expulsan de espacios públicos o le exigen disculpas por su brillante y necesario discurso a la Nación del pasado 3 de octubre.
Sánchez no puede pagar esa factura
No es a don Felipe a quien se desprecia, sino a la España que encarna constitucionalmente como Jefe de Estado, y callarse ante semejante campaña equivale a permitir que se denigre a la Nación. Si en ese contexto los únicos mensajes que lanza el Gobierno son a favor del nacionalismo, en términos políticos y económicos, es sencillo concluir que éste seguirá incrementando sus exigencias y reduciendo sus obligaciones. Y ni Sánchez ni su partido podrán negar por más tiempo que ésa es la factura de haber llegado al poder a cualquier precio.