Los malos humos de la salida de la crisis
La calidad del aire empeoró en nuestro país a lo largo de 2017 a causa de la recuperación económica y hace respirar malos humos al 97% de la población, según Ecologistas en Acción.
La calidad del aire empeoró en España en 2017 a consecuencia de la recuperación económica, de modo que el año pasado un total de 45 millones de personas, el 97 por ciento de la población, respiró aire contaminado, según Ecologistas en Acción. En su informe 'La calidad del aire en el Estado español durante 2017', la ONG denuncia que el 88 por ciento del territorio nacional estuvo expuesto a niveles de contaminación insalubres.
El estudio ha analizado datos de 800 estaciones oficiales de medición y por primera vez se incluye información de los puertos estatales y concluye que la recuperación económica ha contribuido a empeorar la calidad del aire en España.
En general, en 2017 aumentaron los niveles de contaminación por partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), dióxido de nitrógeno (NO2), ozono troposférico (O3) y dióxido de azufre (SO2). Así, el ejercicio se sitúa como el segundo año desde el inicio de la crisis con mayores niveles de contaminación. Para la ONG esto explica el "sensible empeoramiento de la situación y la mayor población y territorio afectados".
En concreto, concluye que de acuerdo a los estándares de la normativa europea y española que son más laxos que las propias recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, un total de 17,5 millones de personas, el 38 por ciento del total y respiró aire contaminado por encima de los límites legales. El dato supone medio millón de afectados más que el año anterior.
En definitiva, esto supone que dos de cada cinco españoles respiraron aire que no cumple los límites que establece la ley y la superficie expuesta a niveles de contaminación que daña la vegetación llegó a 296.000 kilómetros, es decir, el 59 por ciento del país, lo que supone 40.000 kilómetros cuadrado más que en 2016.
Durante 2017 las temperaturas elevadas y la sequía prolongada incrementaron los niveles de contaminación de modo que los niveles de ozono aumentaron "significativamente" en primavera y verano en 2017 en todo el país, según el informe.
Además, en otoño, la estabilidad y sequedad favorecieron episodios de contaminación urbana por NO2 y partículas y esto, a su vez, según la ONG se retroalimenta con el cambio climático, que es su consecuencia.
En cuanto a las causas, el trabajo apunta que el tráfico rodado es una de las principales, mientras que en zonas de fábricas y que en el entorno de las grandes centrales térmicas de carbón y otros combustibles fósiles estas fuentes industriales condicionan de forma "decisiva" la calidad del aire.
Por mar y al aire
Al mismo tiempo, advierte de que el transporte marítimo repercute también en gran medida en la calidad del aire de las regiones litorales y del entorno de puertos como los de Alicante, Almería, La Coruña, Avilés, Barcelona, Cartagena, Gijón, Santander o Tarragona.
Por otro lado, sobre las partículas (PM10 y PM2,5), el dióxido de nitrógeno (NO2) y el dióxido de azufre (SO2) en el aire afectaron a cuatro quintas partes de la población, por lo que para Ecologistas en Acción "siguen siendo una seria amenaza" para la salud.
De hecho, Algeciras, Avilés, Bailén, Barcelona, Bilbao, A Coruña, Gijón, Granada, Madrid, Marbella, Murcia, Puertollano, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Talavera de la Reina y Villanueva del Arzobispo, y la mayor parte de Canarias, superaron en 2017 los límites legales para alguno de estos contaminantes.
Dos de cada cinco españoles respiraron aire que no cumple los límites que establece la ley
Respecto al ozono, que según la ONG es el contaminante que presentó mayor extensión y afección a la población tuvo niveles estacionarios o que aumentaron por la subida de las temperaturas medias y las olas de calor por lo que asegura que "la mayor parte" de la población y el territorio siguió expuesta a concentraciones de ozono perjudiciales para la salud humana y vegetal.
La recuperación económica conlleva un aumento de la quema de combustibles fósiles en el transporte, la industria y la producción de electricidad, con el consumo energético en los niveles del inicio de la crisis y las energías renovables en su peor situación de la última década.
Por ello, la ONG denuncia que el incremento en la contaminación del aire en 2017 es consecuencia de la nueva coyuntura económica y alerta de un cambio general de tendencia tras años de reducción de los contaminantes clásicos.
Ante esta situación, Ecologistas en Acción denuncia que en España se registran hasta 30.000 muertes prematuras por la contaminación del aire, según la Agencia Europea del Medio Ambiente al tiempo que considera que la información a los ciudadanía no es ni adecuada ni ajusta a la gravedad del problema.
También señala que los costes sanitarios de la contaminación atmosférica suponen al menos 50.000 millones de dólares anuales, es decir, el 3,5 por ciento del PIB de España, según el Banco Mundial, sin tener en cuenta los daños sobre cultivos y los ecosistemas naturales.
Planes de mejora “respirables”
Entre las recomendaciones de Ecologistas en Acción recuerda la importancia de que los municipios cuenten con planes de Mejora de la Calidad del Aire y planes de acción a corto plazo. Asimismo, califica de "documento de buenas intenciones sin rango legal ni mecanismos eficaces" el Plan Aire II del Gobierno y considera una "negligencia administrativa" que el citado plan no aborda el problema del exceso de ozono.
El informe plantea un conjunto de propuestas para reducir la contaminación del aire como reducir el tráfico, disminuir las necesidades de movilidad, potenciar el transporte público, facilitar el uso de las bicicletas en las ciudades.
Respecto a la contaminación industrial pide la reducción drástica de generación eléctrica en centrales térmicas, sobre todo las de carbón, incrementar el apoyo a las energías renovables y penalizar tanto el diésel como la incineración de residuos.
Finalmente, exige al nuevo Gobierno que promueva un área de control de emisiones del transporte marítimo en las aguas de Europa, con una regulación como la que ya existe desde 2015 en el Mar Báltico y en el Mar del Norte.