De la Vega se someterá al fuego cruzado de la oposición para lograr un 'premio'

La exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega deberá someterse el próximo miércoles, 27 de junio, al examen de idoneidad en el Congreso de los Diputados tras ser propuesta por el Ejecutivo de Pedro Sánchez como nueva presidenta del Consejo de Estado. Y allí, vista la tensión existente entre PSOE y PP, pueden saltar chispas pese a que todos reconocen la valía de la elegida y la tradición es no discutir este nombramiento. Pero la moción de censura lo ha cambiado todo.

El presidente anunció hace pocos días su decisión de proponerla para ser la primera presidenta que tenga el Consejo de Estado, el supremo órgano consultivo del Gobierno donde De la Vega es consejera desde 2010.

Pero, antes de tomar posesión de su nuevo cargo, De la Vega debe recibir el plácet de la Cámara Baja, como así lo establece la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos, cita que tendrá lugar el mencionado día 27.

Comparecencia parlamentaria

Esta norma establece en su disposición adicional tercera que el Gobierno pondrá en conocimiento del Congreso, con carácter previo a su nombramiento, el nombre del candidato propuesto para presidir el Consejo de Estado con el fin de que pueda disponer su comparecencia parlamentaria.

El objetivo es que el Congreso pueda examinar a la candidata, a la que los diputados podrán formular las preguntas o solicitar las aclaraciones que crean convenientes. La Comisión emitirá posteriormente un dictamen en el que se pronunciará sobre si se aprecia su idoneidad o la existencia de conflicto de intereses, especifica la norma.

La Ley Orgánica del Consejo de Estado señala que los presidentes de este órgano deben ser "juristas de reconocido prestigio y experiencia en asuntos de Estado", condiciones que cumple Fernández de la Vega pues desde 1974 pertenece al cuerpo de secretarios judiciales y después accedió a la condición de magistrada por el cuarto turno, además de haber desempeñado una carrera política que ha incluido puestos como secretaria de Estado de Justicia (1994-1996) y vicepresidenta del Gobierno (2004-2010).

La ley de incompatibilidades

Dicha ley no establece más requisitos, pues indica que el presidente será nombrado "libremente" por real decreto acordado en Consejo de Ministros, pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere dar un paso más siendo escrupuloso en su relación con el Parlamento. Por eso, dará la opción al Congreso de examinar a su candidata, tal y como contempla la mencionada Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos.

En 2012, el PSOE se quejó de manera formal al entonces presidente del Congreso, Jesús Posada, por el nombramiento de José Manuel Romay Beccaría como presidente del Consejo de Estado. Lo consideraba "contrario a la ley" porque no había sido sometido al preceptivo examen parlamentario.

En 2012, el PSOE protestó porque el nombramiento de Romay Beccaría fue "contrario a la ley" al no pasar al preceptivo examen parlamentario

La función del Consejo de Estado es la emisión de dictámenes a petición del Gobierno -los gobiernos de las Comunidades Autónomas también pueden solicitarlos-, que son preceptivos en el caso de reforma o elaboración de leyes orgánicas. Ha estado presidido desde 2012 por Romay Beccaría (era su segundo mandato; el primero duro un año y tres meses).

Consejera desde 2010

De la Vega, de 69 años, juez y portavoz del Ejecutivo socialista entre 2004 y 2010, es miembro del Consejo de Estado desde 2010, cuando dejó la vicepresidencia, la portavocía del Gobierno y el Ministerio de la Presidencia. Para entrar en el Consejo tuvo que renunciar a su acta de diputada por Valencia. El rango de un miembro del consejo es el de ministro.

Nacida en Valencia en 1949, De la Vega es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense y titulada en Derecho Comunitario por la Universidad de Estrasburgo. En 1974 ingresó en el Cuerpo de Secretarios Jurídicos Laborales y desde 1990 es magistrada por el cuarto turno. Entre otros cargos, ha sido diputada y secretaria de Estado de Justicia. En la actualidad, además de formar parte del Consejo de Estado, era presidenta de la Fundación Mujeres por África.

Dotada de gran experiencia en el ámbito judicial, desarrolló su carrera profesional en la Administración de justicia -llegó a magistrada de lo Social- antes de dedicarse plenamente a la política. Ahora llega su última prueba, y pese a la placidez del cargo, puede llegarle entre tensiones.