Dos narcos de los 80, los primeros en lograr que se ‘olviden’ sus nombres

La Sala Primera del Tribunal Constitucional (TC) se ha pronunciado por primera vez sobre el denominado 'derecho al olvido' y ha estimado el recurso de amparo interpuesto por dos ciudadanos juzgados en los años 80 por tráfico de drogas que consideran vulnerados sus derechos al honor, a la intimidad y a la protección de datos por el uso de las tecnologías de Internet, al aparecer sus nombres y apellidos en los buscadores de la hemeroteca de un periódico nacional en su versión digital.

La sentencia, cuya ponente ha sido la magistrada María Luisa Balaguer, argumenta que "la prohibición de indexar los datos personales, en concreto los nombres y los apellidos de las personas recurrentes, para su uso por el motor de búsqueda interno del diario El País debe ser limitada, idónea, necesaria y proporcionada al fin de evitar una difusión de la noticia lesiva de los derechos invocados".

El Tribunal estima el recurso de amparo interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, de 15 de octubre de 2015, que reconoció el derecho al olvido digital de personas procesadas por implicación en un caso de tráfico y consumo de drogas en los años ochenta.

La Sala Civil rechazó la procedencia de eliminar los nombres y apellidos de la información recogida en la hemeroteca o que los datos personales contenidos en la información no puedan ser indexados por el motor de búsqueda interno de la hemeroteca, pues consideró que estas medidas suponían una restricción excesiva de la libertad de información vinculada a la existencia de las hemerotecas digitales.

El objeto del recurso se contrae, según la sentencia de amparo, al análisis del contraste entre los preceptos constitucionales regulados en el artículo 18.4 de la Constitución, en relación con la garantía del derecho al honor, y a la intimidad de las personas (artículo 18.1 de la Carta Magna).

El derecho a la información debe esperar

En ese sentido, el TC señala que es cierto que "la libertad de información constituye no sólo un derecho fundamental de cada persona sino también una garantía de la formación y existencia de una opinión pública libre y plural, capaz de adoptar decisiones políticas a través del ejercicio de los derechos de participación", pero este derecho no es absoluto, sino que debe ser modulado por dos elementos.

Según el Constitucional,el paso del tiempo calibra el impacto de la difusión de una noticia sobre el derecho a la intimidad del titular de ese derecho

Uno de estos elementos de modulación del derecho es el paso del tiempo a la hora de calibrar el impacto de la difusión de una noticia sobre el derecho a la intimidad del titular de ese derecho, y dos, la importancia de la digitalización de los documentos informativos, para facilitar el acceso a la información de todos los usuarios de Internet.

La sentencia explica que en estos casos "podría ponerse en duda la prevalencia del derecho a la información sobre el derecho a la intimidad de una persona que, pasado un lapso de tiempo, opta por solicitar que estos datos e información, que pudieron tener relevancia pública en su día, sean olvidados". Para el Tribunal, "la universalización del acceso a las hemerotecas, como la universalización del acceso a la información a través de los motores de búsqueda, multiplica la injerencia en los derechos a la autodeterminación informativa y a la intimidad de los ciudadanos".

En la resolución de este conflicto hay que tener en cuenta el equilibrio entre las libertades informativas y el derecho a la autodeterminación informativa, donde juega un papel importante el efecto del paso del tiempo sobre la función que desempeñan los medios de comunicación y, sobre la doble dimensión (informativa o investigadora) de esa función.

El fallo concluye afirmando que debe tenerse en cuenta que los motores de búsqueda internos de los sitios web cumplen la función de permitir el hallazgo y la divulgación de la noticia y que esa función queda garantizada aunque se suprima la posibilidad de efectuar la búsqueda acudiendo al nombre y apellidos de las personas en cuestión, que no tienen relevancia pública alguna.

Por tanto, "siempre será posible si existe una finalidad investigadora en la búsqueda de información alejada del mero interés periodístico en la persona investigada, localizar la noticia mediante una búsqueda temática, temporal, geográfica o de cualquier otro tipo". Por lo tanto, no son necesarios los datos personales de los solicitantes del amparo, que nada agregan al interés de la noticia, bastando las iniciales del nombre y los apellidos.

Una limitación muy peligrosa

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) considera de "una enorme gravedad" esta sentencia del Constitucional. Según ha informado la plataforma, el jurista de la PDLI y experto en derecho internacional, Joan Barata, ha trasladado el caso al relator de Naciones Unidas sobre libertad de expresión, David Kaye.

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información advierte del filón de negocio en que se puede convertir la supresión de los nombres de criminales en las hemerotecas

A juicio de la organización, "con esta sentencia, información veraz y relevante, por tanto, amparada el derecho fundamental a la información, y que hasta ahora venía prevaleciendo sobre el derecho individual al honor en el caso de personajes de interés público, puede quedar inaccesible al poderse eliminar de buscadores integrados en hemerotecas".

En este sentido, el director legal de la PDLI, Carlos Sánchez Almeida, la sentencia del TC "abre un filón de negocio para eliminar de las hemerotecas los nombres de criminales tras cumplir la pena de casos que en su día fueron noticia". "Una limitación muy peligrosa para la libertad de información", ha subrayado.

Asimismo, Sánchez Almeida ha defendido que "cualquier limitación a la libertad de información debe estar tasada" en las leyes. "No se puede dejar algo tan importante como la privacidad telemática al arbitrio jurisprudencial", ha recalcado.

Considera que, estando pendiente la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos -en tramitación parlamentaria en fase de enmiendas-, es "peligrosísimo que el TC se erija en legislador en materia de 'derecho al olvido'". La PDLI ha anunciado que se va a dirigir a los grupos parlamentarios para que la Ley "excluya de manera expresa" las hemerotecas digitales de los medios de comunicación del 'derecho al olvido'.

El abogado especializado en derecho de las tecnologías califica la sentencia de 'cacicada' y advierte de que permitirá crear reputaciones a medida convirtiendo el 'derecho al olvido' "en un privilegio de clase alta". "El derecho al olvido solo está sirviendo para estimular el próspero negocio del blanqueo de historiales delictivos", ha zanjado Sánchez Almeida.

Por último, la PDLI considera "inaudita" esta sentencia por parte del Tribunal que "debe velar" por los derechos constitucionales y espera que la situación se "rectifique" en instancias internacionales. La presidenta de la PDLI, Virginia Pérez Alonso, considera esta decisión "gravísima".