Cuando las Comunidades Autónomas tienen dinero pero son morosas
La Plataforma contra la Morosidad pide agilizar el régimen sancionador por impagos ya que algunos gobiernos autonómicos poseen “liquidez” pero no pagan a los proveedores.
El Gobierno de Valencia es de lo más rezagados con los pagos con respecto a los plazos que da la ley
Si se hiciera una lista de morosos con alcaldes, presidentes autonómicos, responsables de empresas públicas, consejeros y demás pobladores del sector político, no habría tal vez papel suficiente para imprimirla. Y pese a que, en contraste con el sector empresarial, ellos tienen el privilegio de elevar el techo de gasto, recibir más transferencias públicas, disponer de crédito constante o recurrir a la deuda; sus impagos a terceros no cesan.
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) insta a los grupos parlamentarios a que trabajen en julio para agilizar la puesta en marcha del régimen sancionador por impagos, y en el sector público denuncia que algunas comunidades autónomas han tenido liquidez suficiente para pagar a sus proveedores en los plazos legales y no lo han hecho.
En una nota, la plataforma ha instado a agilizar de una vez la puesta en marcha del régimen sancionador -incluido en la proposición de ley de refuerzo de la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales-, para poder aprobarla en septiembre y que entre en vigor en enero.
Según la PMcM, el motivo del retraso ha sido el reajuste de las comisiones parlamentarias a la nueva nomenclatura de los ministerios. "No tenemos dudas de que este sistema de multas funcionaría de forma determinante como elemento disuasorio de las malas prácticas en cuanto a pagos a proveedores, y por fin se reducirían los plazos de pago a proveedores", asegura el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.
Daña a pymes
Por ello, urge a los grupos parlamentarios que se pongan todos los medios necesarios para que se retome "cuanto antes" por el beneficio de pymes y proveedores y por el impacto positivo que tendría en la economía.
De su lado, la PMcM advierte de que centrará el foco en detectar cualquier tipo de treta en materia de morosidad, como es el caso que ya hemos denunciado del 'confirming con anticipo obligatorio', que exigen algunas grandes compañías y que al proveedor le ocasiona un elevado coste financiero.
Algunas regiones como Murcia y Comunidad Valenciana duplicaron los plazos máximos exigidos por ley: 61 y 62 días, respectivamente, frente al máximo legal de 30
Además, la PMcM ha analizado el último informe del Ministerio de Hacienda relativo a la ejecución de presupuesto de gastos del Estado. De acuerdo con el mismo, las transferencias corrientes a las comunidades autónomas de enero a mayo han experimentado un incremento del 18,2% frente al mismo periodo del año anterior.
Cañete subraya la importancia, ya que incluye una variación positiva de los anticipos concedidos por 811 millones de euros. Estos anticipos sirven para compensar los posibles desfases de tesorería que tengan las diferentes comunidades autónomas, por lo que denuncia que las CCAA "han debido tener en estos meses liquidez suficiente para pagar a sus proveedores dentro de los plazos legales, y no todas lo han hecho".
Otro cálculo de los plazos
Según el último informe de Plazos Medios de Pago (PMP) de las administraciones públicas, algunas regiones como Murcia y Comunidad Valenciana duplicaron los plazos máximos exigidos por ley (61 y 62 días, respectivamente, frente al máximo legal de 30), denuncia Cañete.
En este sentido, Cañete recuerda que, en dicho informe, el Ministerio publicaba estas cifras con 30 días menos (31 para Murcia y 32 para Comunidad Valenciana), al no haber instaurado todavía el cambio de metodología de cálculo de los PMP a proveedores, que el Tribunal Supremo de la Unión Europea exigió al anterior equipo de Gobierno modificar tras las denuncias y reclamaciones de la PMcM.
