El PSOE y el separatismo hacen frente común con la Guerra Civil por bandera

El zapaterismo más genuino vuelve con Pedro Sánchez, que refresca un proyecto de su predecesor en el PSOE, la Ley de Memoria Histórica, para convertirlo en el epicentro de su acción política. Y lo hará redoblando la apuesta de aquel: al rescate de las víctimas, un objetivo que siempre tuvo el consenso político y social pero apenas se logró en su momento, le añade ahora una batería de medidas que colocan a la Guerra Civil, la figura de Franco y la Dictadura en un eje fundamental del Gobierno. Y del de Quim Torra en la Generalitat, que anunció el mismo día un proyecto casi idéntico.

La creación de una Comisión de la Verdad, con un director general al frente de la nueva Ley de Memoria Histórica; la posible ilegalización de la Fundación Francisco Franco, la reconversión del Valle de los Caídos y la exhumación de los restos del Dictador son los hitos de un proyecto que, al calor de un objetivo tan incuestionable como entregar a las familias los restos de sus seres queridos desaparecido en la contienda de 1936, modifica el espíritu de la Transición y rescata la idea de las dos Españas superada desde 1978.

En la primera etapa, eso quedó claro con las cifras en la mano: con Zapatero se rechazó la concesión de ayudas para investigación de fosas y cunetas en la mitad de las solicitudes presentadas, según la documentación contenida en una respuesta parlamentaria del pasado mes de mayo, y no se avanzó en la transformación del Valle de los Caídos en un espacio de conciliación real; pero la Guerra Civil y el franquismo sí volvieron a ser objeto de debate y enfrentamiento político y social.

La segunda fase de la Ley, que la reformula de manera casi total y no tiene fechas aún, insiste en esa línea. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, le puso letra este miércoles a un espíritu que ha presidido la estrategia de gestos sobre el franquismo iniciada por Sánchez nada más llegar a La Moncloa.

Apología

En esa línea, anunció la elaboración de planes de búsqueda de desaparecidos, un censo de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y programas de exhumación. Además, ha adelantado que su departamento estudiará la manera de llevar a cabo la "ilegalización de aquellas asociaciones u organizaciones que hagan apología del franquismo", como la Fundación Francisco Franco.

"Es nuestra intención y nuestro compromiso asegurar el acceso a la verdad mediante los mecanismos adecuados y eficaces que garanticen el derecho a la reparación de las víctimas del franquismo y la obtención de las adecuadas garantías de no repetición", ha afirmado Delgado en su primera comparecencia en el Congreso.

En este punto, algunas asociaciones de víctimas del terrorismo, un fenómeno mucho más reciente, reaccionaron airadas por la rapidez del Gobierno en atender a un fenómeno menor -nadie hace apología de Franco en España de manera visible al menos- mientras se mira para otro lado ante las humillaciones que para los damnificados de ETA supone la exaltación de terroristas casi a diario en el País Vasco.

En todo caso, el Ministerio de Justicia ya ha creado una nueva Dirección General para la Memoria Histórica que, tal y como ha explicado Delgado, se encargará de establecer "planes de búsqueda de desaparecidos" y contará con "expertos en materias relacionadas con el Derecho, la Arqueología y la Antropología Forense, así como representantes de asociaciones memorialistas y de familiares de víctimas y cualquier otra persona destacada en materia de Memoria Histórica".

Esta dirección general hará públicos los datos de exhumación anual, el número de personas localizadas, la cifra de peticiones registradas y el número de prospecciones sin resultado positivo para su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) o en el boletín oficial de la comunidad autónoma donde se haya realizado la exhumación. También procederá a la publicación de un censo oficial de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

Tras subrayar que la Ley de Memoria Histórica de 2007 ha de ser actualizada, la ministra ha adelantado que el Gobierno pondrá en marcha una reforma integral que irá en línea a lo expuesto en la proposición de ley que presentó el PSOE en la oposición y que fue rechazada por el entonces Ejecutivo de Mariano Rajoy.

En realidad, el PP condenó el franquismo oficialmente en el Parlamento hace tres lustros y apoyó la restitución de las víctimas, pero se opuso a la utilización política de ese drama nacional para reabrir heridas y resucitar un inquietante maniqueísmo, en la misma de algunos de los principales historiadores internacionales. 

Fue el caso del especialista británico Anthony Beevor, quien a propósito de su último libro sobre la II Guerra Mundial explicó en 2015 su diagnóstico: "La memoria histórica de Zapatero fue un error. Las ayudas debieron ir encaminadas a ayudar a las familias para hallar los cadáveres. Pero el foco fue político. Un gran error… Eso perpetúa el conflicto de la Guerra Civil española y no ayuda a crear un acuerdo".

Otras medidas

Según la ministra, esta reforma tendrá como objetivo "declarar la nulidad de los tribunales de excepción franquistas y sus fallos y sentencias, impulsar desde lo público las exhumaciones, crear una comisión de la verdad, resignificar el Valle de los Caídos en los términos recomendados por la Comisión de Expertos que estudió el asunto en 2011, retirar la simbología de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura, con un procedimiento tasado con sanciones económicas para el caso de incumplimiento y reforzar el acceso a archivos".

La Fundación Franco, desconocida hasta hace poco, aparece ahora casi a diario en los medios de comunicación y hasta pide firmas para no tocar el Valle

Además de ello, ha remarcado Delgado, el Ejecutivo se propone reabrir la Oficina de Apoyo a las Víctimas del Franquismo y estudiará la manera de llevar a cabo la ilegalización de aquellas asociaciones u organizaciones que hagan apología del franquismo.

"No se trata de la calificación de las víctimas de un lado o de otro, es algo diferente. Se trata de cumplir con los principios básicos del Derecho Humanitario, del Derecho Internacional y de los Derechos Humanos. Y algo mucho más próximo: de cumplir la ley y, en su falta, definir los mecanismos que la complementen".

Los especialistas se oponen al uso político de la Memoria y piden concentrar esfuerzos en las víctimas

Nada objetable, en apariencia, pues busca algo tan necesario como atender a familias deseosas de recuperar a sus seres queridos, pero los precedentes evidencian que ese fin terminó siendo una excusa para recuperar una dialéctica poco constructiva que criticaron incluso muchos socialistas. Fue el caso de Ramón Jáuregui, quien ya con Zapatero propuso sin éxito aprobar un decreto-ley para ayudar a los damnificados del franquismo sin reabrir otras heridas selladas por ese acto de conciliación nacional llamado Transición, apoyado por todas las fuerzas políticas de entones incluidos el PSOE y el PCE.

También la Generalitat

El anuncio del Gobierno socialista coincide con otro similar de la Generalitat, que también pretende apelar al franquismo para apuntalar su discurso maniqueo contra España y la victimización de Cataluña, bandera siempre de independentismo.

La consellera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, ha anunciado este miércoles que el Govern elaborará una ley catalana de memoria histórica que, entre otras cuestiones, quiere dar a la Generalitat la capacidad de eliminar toda la simbología franquista que queda en las calles de Cataluña. En realidad, la ya existente de ámbito nacional es de aplicación en Cataluña, pero el separatismo quiere tener su propia versión para aumentar su relato histórico propio.

"No podemos cerrar heridas si convivimos con símbolos que han humillado a los perdedores de la Guerra Civil y a las víctimas del franquismo. Esto incluye monumentos y nombres de calles que homenajean a golpistas y dirigentes de la dictadura", ha explicado en una comparecencia ante la Comisión de Justicia del Parlament.

Capella ha precisado que la ley también buscará dar una gestión "integral" de todas las acciones relacionadas con la memoria histórica, unificando en la norma la regulación de las principales iniciativas y políticas que ya hay en marcha desde legislaturas anteriores.

Esto significa que bajo el mismo texto legal se regulará el Memorial Democrático -entidad de derecho público sobre memoria histórica impulsada por la Generalitat en 2007-, la ley de fosas (2009) y la de reparación jurídica aprobada por la Cámara catalana en 2017.

Según datos de la Generalitat, en Cataluña hay 503 fosas localizadas de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo -el Govern trabaja en un plan para abrirlas y analizar los restos-, y también calcula que hubo 66.590 persones contra las que se instruyó un procedimiento judicial militar durante la dictadura de Franco.

"Un pueblo sin memoria es un pueblo sin acceso a la verdad. Donde no hay memoria no hay justicia", ha concluido Capella, que ha elogiado el trabajo que hicieron en este ámbito los exconsellers cesados por el 155 Carles Mundó y Raúl Romeva.

La ley también prevé la creación de la Comisión de la Verdad un órgano que "estudiará, aclarará y cuantificará los crímenes de lesa humanidad -crímenes de guerra, genocidios y asesinatos masivos-", informará de ellos a los familiares de las víctimas y los asistirá jurídicamente.

En la enseñanza también

La ley abordará el período que va desde la Guerra Civil "a la primera transición", ha precisado Capella, y hará énfasis en colectivos que la Generalitat considera especialmente olvidados como las mujeres, las personas LGTBI y los bebés robados.

Capella también ha explicado que su departamento también trabajará con la Conselleria de Enseñanza para incorporar "la memoria democrática al currículum educativo", así como la formación específica de los docentes en esta materia.