El transporte público hace la cuenta para combatir el cambio climático

No será fácil y, por consiguiente, no será barato alcanzar los objetivos de control de la contaminación sin perder eficiencia, tal y como se propone el Gobierno. Así, el sector del transporte público ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica, cuya titular es Teresa Ribera, que acelere la ley de cambio climático y que esta incluya al menos 500 millones de euros para el sector después de la publicación este lunes del avance del Inventario español de emisiones de CO2 que revela que en el último año las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) aumentaron un 4,4 por ciento, el mayor incremento desde 2012.

De este modo, la Asociación del Transporte Público (ATUC) recuerda que el tráfico rodado provoca en torno a la mitad de las emisiones de GEI en las ciudades y de estas, más del 90 por ciento son de coches. En concreto, las emisiones del transporte crecieron en el último año un 2,6 por ciento, según los datos publicados por el Gobierno y que ahora remitirá a Bruselas para su validación.

En este contexto, reclama que el texto de la futura ley recoja un espacio propio para el transporte público como alternativa al vehículo privado, sobre todo teniendo en cuenta las futuras prohibiciones al acceso y aparcamiento en el centro en ciudades como Madrid.

Un parque "muy dieselizado"

Además, justifica la petición también en el hecho de que el parque móvil español está "muy dieselizado" pese a que estos vehículos emiten un 15 por ciento más de dióxido de carbono por litro de carburante que los gasolina.

La ATUC propone que más de los 2.100 millones de euros que se ingresarán tras equiparar los impuestos a los carburantes, como mínimo 500 millones se dirijan al sistema de transporte público, tanto para contribuir a su financiación como para inversiones con las que mejorar los servicios, ganar más usuarios y reducir el número de coches en circulación.

El sector pide que el transporte público tenga un espacio legal como alternativa al vehículo privado, por las futuras prohibiciones al acceso y aparcamiento en el centro en ciudades como Madrid

En esta línea, la asociación opina que la contribución del transporte público para reducir las emisiones de GEI "justifica de por sí" el desarrollo de uno o varios artículos con medidas y acciones encaminadas a un nuevo modelo de movilidad consensuado entre todas las administraciones competentes en la materia.

Entre sus recomendaciones para la Ley de Cambio Climático, la ATUC pide de forma explícita que la futura norma inste al desarrollo de una Ley de Financiación del Transporte Público, de la que España carece actualmente siendo una excepción en toda Europa; así como una financiación estable y compartida entre las distintas administraciones, algo que considera "fundamental" por la relevancia del cambio que se está promoviendo hacia medios sostenibles de transporte.

Entre sus propuestas también sugiere por el desarrollo de un Plan Nacional de Movilidad Urbana que siente las bases de la movilidad sostenible en las ciudades españolas.

Para el secretario general de ATUC, Jesús Herrero, "no se entendería que la futura ley no reservara un espacio específico para el transporte público, que hoy en día se trata de la solución más efectiva contra los altos niveles de contaminación en las ciudades y contra las congestiones de tráfico que tantos problemas originan".