Las togas se hartan de la presión de radicales y del seguidismo político

Los jueces están que trinan, exhausto y agotados de que, de un tiempo para acá, se intente imponer la llamada "Justicia del pueblo". El caso de 'La Manada' ha visibilizado ese descontento, pero llevan meses soportando casi en silencio una deriva que no les gusta: la consolidación de una especie de justicia paralela en los 'tribunales de la calle' que quieren entregar a la opinión pública decisiones que dependen de ellos. Con la complicidad, se lamentan, del poder Ejecutivo y de buena parte de los partidos políticos, a uno y otro flanco ideológico.

El último capítulo es sonoro. Más de 750 magistrados españoles han presentado una queja ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos para comunicarles una "gravísima amenaza" contra la independencia judicial, en referencia a lo que consideran un "linchamiento público, con la complicidad y el aliento de políticos", contra el tribunal que ha dictado la sentencia del caso de La Manada.

Las togas se rebelan contra los ataques a su independencia, y van en serio: han dicho basta

Los magistrados denuncian que se ha desatado una "presión social" contra este tribunal de la Audiencia Provincial de Navarra, y todo ello sin que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya contestado eficazmente a las amenazas contra la separación de poderes.

"Nos encontramos completamente desprotegidos ante las interferencias del Ejecutivo y del Poder Legislativo", reza la nota remitida al órgano europeo, en la que piden que éste se pronuncie sobre si la reacción del Gobierno de España contra la sentencia supone un "ataque a la independencia y la legitimidad del Poder Judicial".

No es nuevo. Hace sólo unos meses los magistrados alzaron su voz, hartos de políticos y grupos feministas radicales. Las asociaciones de la judicatura, progresistas y conservadoras, están unidas en esto. Y no depende sólo de la polémica sentencia de 'La Manada': mucho antes de que se conociera el fallo, y aunque pasó desapercibida, sus señorías ya advirtieron de la ola dirigida contra ellos y de la necesidad de respetar su imparcialidad.

Hay precedentes

Nadie lo recuerda, pero en febrero sus señorías activaron la alarma. En una resolución conjunta histórica, las asociaciones progresistas y conservadoras que agrupan a la práctica totalidad de los jueces españoles se han rebelado contra la actitud del feminismo más radical, ése que convierte en "maltrato judicial" cualquier fallo en los tribunales que no coincida con sus exigencias.

Las cuatro asociaciones de jueces mayoritarias afirmaron que las denuncias elevadas por las asociaciones de mujeres en relación al "maltrato judicial" que estarían recibiendo algunas víctimas de violencia de género en los juzgados especializados son un "ataque a la independencia judicial".

Los jueces rechazan que se intente influir en su trabajo y recuerdan que la Justicia no es dar siempre la razón

"Tratar de influir en las resoluciones judiciales a través de denuncias sistemáticas ante el CGPJ y otros organismos cuando aquellas nos son desfavorables -incluso después de haber sido confirmadas en segunda instancia-, constituyen un ataque directo a la independencia judicial y, por ende, al normal funcionamiento de la democracia", aseguraban por entonces.

En aquel comunicado, la Asociación Profesional de la Magistratura, la asociación de Jueces por la Democracia, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente mostraban su apoyo a los dos jueces contra quienes las citadas organizaciones de mujeres han interpuesto denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Y pedían a este organismo además que "ampare a quienes se sientan perturbados en su independencia judicial como consecuencia de la presentación de quejas que ataquen su función jurisdiccional".

Los primeros casos

Se referían a dos casos concretos de víctimas de violencia de género denunciados por en rueda de prensa por la Federación de Mujeres Progresistas, la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, la Fundación Mujeres, la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Asociación Mujeres Opañel y la Comisión de Investigación Malos Tratos, entidades que han anunciado su intención de llevar al órgano de gobierno de los Jueces cuantos casos recaben de mujeres que no han recibido el trato debido en su proceso de denuncia de malos tratos.

La nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado, protestó en el pasado contra las injerencias políticas. Su compañera Margarita Robles y su predecesor, Rafael Catalá; incurrieron sin embargo en eso al ponerse del lado de la 'calle' tras la sentencia de La Manada. Ella es ahora una incógnita

Tras recordar que "el trato desconsiderado a quienes acceden a los órganos judiciales siempre es susceptible de ser denunciado ante el CGPJ", inciden en que "los miembros de la Carrera Judicial destinados en órganos con competencias en violencia sobre la mujer, gozan de una formación específica sobre la materia" que se traduce en "un tratamiento especial y diferenciado para las víctimas de violencia de género".

"Los miembros de la Carrera Judicial investigan, exclusivamente, hechos presuntamente delictivos. Una instrucción penal no es sólo correcta si el imputado resulta condenado, puesto que muchos son los factores que pueden llevar a la absolución y que deben ser valorados por el órgano enjuiciador (distinto del instructor)", destacan las asociaciones de jueces.

El recurso

En este sentido, inciden en que todas las resoluciones judiciales en materia de violencia sobre la mujer "son susceptibles de recurso ante el órgano superior colegiado". Añaden que, no obstante, "obtener Justicia no es sinónimo de que se nos dé necesariamente la razón y tutela judicial efectiva implica el derecho a obtener una resolución fundada en derecho".

La respuesta judicial deriva del reciente anuncio de seis organizaciones feministas de que iban a denunciar ante el CGPJ a dos jueces concretos, como primera medida de una estrategia que se comprometían a extender a cuantos casos de absoluciones, a su juicio equivocadas, detectaran.

La Judicatura siente que atentan contra su independencia desde todos los flancos, no sólo políticos

Los casos esgrimidos para esta primera queja son el de Isabel López de la Torre, una mujer que acudió al juzgado a interponer una denuncia por malos tratos y salió al final imputada por la denunciaque su pareja le puso a ella.

Los casos

Aunque finalmente la condena fue para el marido, mantiene un régimen de visitas previsto por el juzgado. Por ello cargaron contra la jueza responsable del fallo, María Jesús López Chacón, en Arganda del Rey, a quien atribuyen esta explicación: "Yo no digo que el caso de Isabel sea una denuncia falsa, pero las denuncias falsas existen y yo tengo un primo al que su mujer le ha puesto una denuncia falsa y yo y toda la familia lo estamos pasando fatal".

La otra denuncia tiene por objetivo al titular de un Juzgado de Violencia de Género de Sagunto, Julián González, por sus "actitudes arrogantes y autoritarias". Ante estas críticas y otras ya sugeridas, las asociaciones de jueces, de todo corte ideológico, han dicho basta.

Después vino 'La Manada', y durante todo este tiempo, Cataluña: las presiones al juez Llarena han sido y son asfixiantes, como lo fueron en Andalucía para la juez Alaya por los ERES o en Madrid para De Prada por la Gürtel; dibujando un panorama de cerco a la acción judicial sin precedentes en España. De momento, los jueces son una piña frente a terceros de cualquier condición. Pero queda en el aire una pregunta: ¿Cuánto resistirán y a qué precio?