Sánchez convierte las Elecciones en una amenaza y no en un derecho

La ministra portavoz, Isabel Celáa, ha amenazado con una convocatoria anticipada de Elecciones Generales que, en realidad, debía de haber sido automática nada más prosperar la moción de censura que desalojó a Rajoy de La Moncloa y se la entregó, con el respaldo de Podemos y los independentistas, a un Pedro Sánchez rechazado por los ciudadanos en dos recientes citas con las urnas.

El propio Sánchez, consciente de lo anómalo de alcanzar así la presidencia, anunció nada más llegar a ella que convocaría comicios de inmediato, un compromiso olvidado a continuación y sustituido por una manera de gestionar y decidir impropia de un Ejecutivo sin legitimidad electoral a pesar de su incuestionable legalidad.

En pocas semanas, el PSOE ha colonizado o intenta colonizar todos los ámbitos posibles de poder institucional, nombrando por ejemplo para RTVE, Correos o el Instituto Cervantes a personas próximas o directamente afiliadas; ha anunciado subidas de impuestos; ha coqueteado con cambios constitucionales para agradar al nacionalismo o ha presentado reformas educativas propias de un Gobierno fuerte y de amplio respaldo electoral y no de uno improvisado, débil y sin el plácet de los votos directos de los españoles.

La factura

Que en ese contexto Celáa recupere ahora la idea del adelanto electoral ahonda en el carácter instrumental, y no conceptual, que Sánchez le da a todo, adaptando siempre las decisiones a sus intereses y no a las necesidades del país ni a las responsabilidades de un presidente serio. Lo hace para presionar al independentismo y a Podemos, como si fuera una sorpresa que ahora, tras brindarle su respaldo, le pase la factura correspondiente.

Todo lo que hacen y piden Puigdemont, Junqueras u Otegi es lamentable e imposible, pero nunca se podrá decir que además imprevisible: lo llevan reclamando desde hace años y todo lo que pactan o conceden tiene por único fin facilitarles el objetivo deseado y expuesto sin ambages.

Sánchez sabía cómo iba a ser su presidencia hipotecada y lo aceptó. Convocar Elecciones no es una opción, es su obligación

Sánchez lo sabía cuando estimuló su respaldo para llegar a La Moncloa, y aún así no se resistió a dar el irresponsable paso de alcanzar la presidencia con la inmensa hipoteca que supone hacerlo en esas condiciones deplorables que sólo han servido para otorgar una pátina de legitimidad a un movimiento tan perverso como el nacionalismo catalán y a otro tan deleznable como el abertzalismo vasco.

La convocatoria de Elecciones Generales antes de que termine una legislatura natural son potestad única del presidente del Gobierno, pero ese precepto legal obedece a la manera que encontró la Constitución para proteger la estabilidad del país y no a una prebenda en beneficio táctico del inquilino provisional del cargo.

Cuanto antes

Que los españoles puedan decidir quién y cómo les gobierna es un derecho innegociable que Sánchez se ha saltado, improvisando una mayoría parlamentaria endeble que ningún candidato, en la historia de la democracia española, había buscado sin tener antes la mayoría en las urnas. Si ése es el pecado, la única penitencia razonable es convocar a las urnas. Y cuanto antes mejor, le venga bien, mal o regular a cualquiera de los partidos.