Sí, Casado tiene razón: no se puede dar barra libre a la inmigración sin control

El presidente del PP, Pablo Casado, ha desatado una tormenta en la izquierda más radical por decir una obviedad: que ni España ni Europa pueden asumir todos los millones de inmigrantes que quieran venir. No es una opinión, sino un hecho, que además inspira toda la gestión legal, política e institucional de la propia Unión Europea, sustentada en el control ordenado de los cupos migratorios desde hace lustros.

Lo insólito no es que Casado sostenga un discurso así, sino que no lo hagan todos los responsables políticos sin excepción: es precisamente esa actitud la que obliga a recalcar, desde el PP o Ciudadanos, una evidencia incontestable.

La inmigración descontrolada hay que controlarla, sin más. Y sin mezclar con la asistencia humanitaria ni la regulada

La inmigración regulada es siempre una oportunidad para las sociedades de acogida, especialmente si están tan envejecidas como la europea en general y la española en particular. No es cuestionable su saludable impacto económico, como tampoco sus aportaciones sociales y culturales.

Pero ha de estar controlada, y eso es lo que Casado -y cualquier político presentable- se ha visto obligado a decir tras el asalto violento por la valla de Ceuta y al constatar el colapso de los servicios de asistencia en buena parte del litoral sureño español.

Varias diferencias

Distinguir el impacto de la inmigración regulada de los estragos de la descontrolada es tan importante como no incluir en ninguno de los dos epígrafes la imprescindible asistencia humanitaria cuando hay vidas en peligro, fundamentalmente en el mar, o la gestión de la condición de refugiados o asilados para los seres humanos que huyen de guerras, terrorismo o hambruna.

El asunto central, pues, es la inmigración al margen de todos los estatus ya previstos por la legislación, que perjudica tanto a los países de acogida como a los migrantes que llegan a Europa en esa situación: el control no sólo es imprescindible para Europa, también para evitar que las condiciones de vida de quienes llegan de cualquiera manera sean simplemente indignas.

El problema no es, pues, lo que ha dicho Casado, sino lo que sostienen políticos tan irresponsables como Manuela Carmena, Ada Colau y en general los dirigentes de partidos como Podemos y sus derivados, resumido en unas sonrojantes declaraciones de la alcaldesa de Madrid de hace dos años, cuando animó a saltar la valla de Melilla y afirmó que "los queremos a todos".

Presentar como un asunto emocional, en el que unos se arrogan el monopolio de los buenos sentimientos, lo que es un área de gestión esencial; sólo sirve para rendirse autohomenajes políticos inanes, para incentivar el recelo social y el auge de los extremismos y, finalmente, para generar problemas como los que cada día se ven en las ciudades españolas en África y en tantas otras de la costa andaluza.

¿Y el Gobierno?

Negar la realidad no la cambia, sólo agudiza los problemas y aplaza las soluciones. Que han de ser eminentemente europeas, sin duda, pero también localmente españolas: reforzar el control de las fronteras, dotando a los Cuerpos de Seguridad de los recursos humanos y materiales que también se echan en falta en la lucha contra el narcotráfico, está en manos del Gobierno. Y hacer algo de pedagogía, en lugar de tanta propaganda, también.