Todo es reservado o secreto para el Gobierno menos el gasto con Llarena

El Gobierno de España dedicará 544.000 euros a contratar al bufete de abogados que defenderá al juez Llarena de la ridícula denuncia interpuesta contra él por Puigdemont, en Bélgica, por decir la obviedad de que en nuestro país no existen presos políticos.

El mismo Ministerio de Justicia que presentó de entrada como un asunto personal el acoso independentista al magistrado del Supremo no ha tardado ni un día en revelar la cuantía de su defensa jurídica, lo que parece confirmar la incomodidad del Ejecutivo por asumir, a regañadientes y por la presión de la oposición y la calle, la protección de un juez decisivo para abortar el procés.

A Llarena se le defiende a regañadientes y desvelando rápido el dinero que cuesta. En todo lo demás, opacidad

¿Difunde con tanta celeridad el Gobierno una cifra tan cuantiosa para minar ese respaldo popular al juez del Supremo? Que la pregunta sea legítima, incluso aunque la respuesta sea al final más prosaica y atienda a un rutinario cumplimiento de las obligaciones gubernamentales en materia de transparencia, lo dice todo al respecto de cómo ha percibido la sociedad española la actitud de Sánchez y sus ministros hacia el encomiable Llarena, abandonado a su suerte de entrada como tantos otros que han ofrecido resistencia al supremacismo catalán.

Sin transparencia

Esa sensación se ahonda por la contumaz negativa del Gobierno a dar explicaciones sobre otros gastos y decisiones bastante menos justificables y desde luego infinitamente menos productivas para el conjunto de la sociedad española.

Su oscurantismo hacia el gasto de Sánchez y las circunstancias exactas en que viajó en el avión oficial a un concierto en Castellón junto a su mujer; el despilfarro en nuevos ministerios y asesores; la capa de opacidad que rodea a su tesis doctoral en un país que ha hecho del máster de Pablo Casado asunto central o el insólito caciquismo instalado en RTVE reclaman más explicaciones y no tienen aún ninguna digna de tal nombre.

Si esa actitud es grave en cualquier Gobierno, en unos tiempos donde la transparencia no es una opción política sino una obligación legal, mucho más lo es en uno que hizo de ella bandera y justificación para derrocar al Ejecutivo elegido por los ciudadanos y suplantarlo mediante un lamentable pacto con todos los partidos independentistas de la Cámara.

¿Y la oposición?

Que ya esté claro que todo ello era una coartada y que, en un tiempo récord y pese a la debilidad, Sánchez ha hecho de la imposición, el capricho, la unilateralidad y el nepotismo la guía de sus decisiones; ha de reforzar la actividad parlamentaria, pública y política de una oposición que no termina de encontrar una manera de réplica solvente. PP y Cs, como garantes ahora del control gubernamental, tienen también mucho que mejorar en la materia.