Si no suspende a los diputados rebeldes, Sánchez será cómplice del separatismo

Seguramente es un indicio de la grandeza de nuestra democracia y de la equidad de nuestra Justicia el hecho de que cuatro políticos enjuiciados por los más graves delitos contra la Constitución puedan presentarse a unas Elecciones, participar en entrevistas y debates o tomar posesión de sus escaños en el Congreso donde, paradójicamente, residen la soberanía nacional que tanto pisotean.

Frente a las versiones falaces, antidemocráticas y agresivas que todos los políticos catalanes presos o fugados esparcen al respecto del Estado de Derecho español, con la pleitesía o complicidad de no pocos (entre ellos medios públicos cuyos responsables también están procesados por organización criminal); lo cierto es que la democracia española se comporta a la altura de las mejores impidiendo semejantes excesos y, a la vez, protegiendo al máximo los derechos de quienes los protagonizaron.

Puede resultar indignante para el espectador agotado de abusos y barbaridades, pero es la mejor manera de demostrar que estamos en un régimen garantista en el que a nadie se le juzga ni prejuzga por sus ideas, sino por sus presuntos delitos, y que mientras éstos no queden sentenciados se aplica la ley y el principio de presunción de inocencia con los límites que impone una situación de prisión preventiva.

Inmediata suspensión

Y desde esa misma letra legal, inspirada en un espíritu democrático, cabe esperar ahora que se proceda a la suspensión de los cuatro diputados, en aplicación de un reglamento del Congreso que es tajante al respecto de la obligación de proceder así cuando sus señorías están en la situación legal de Junqueras y compañía.

Quedará plenamente confirmada la sintonía del PSOE con el separatismo, como preámbulo de otros acuerdos una vez pase el 26M, si la Mesa no procede a la inmediata suspensión de los diputados.

No hacerlo, como reclaman PP, CS o Vox, avalará la teoría de que el Gobierno, con Sánchez a la cabeza, sigue en la misma línea de concesiones que comenzó para lograr su primer acceso a la presidencia, mediante moción de censura.

Auxilio constante

Desde el traslado de los reos a Cataluña hasta el "despido" del abogado del Estado clave en la acusación de rebelión o la negociación de los Presupuestos incluso en la cárcel; todo en el Ejecutivo socialista ha ido encaminado a auxiliar a los golpistas sin que se note demasiado ante la opinión pública.

La designación de Meritxell Batet para presidir un Congreso que tendrá por primer secretario a la mano derecha de Ada Colau, el populista Pissarello; parece ahondar en esa línea de ayuda disimulada al independentismo. Que quedará plenamente confirmada, como preámbulo de otros acuerdos una vez pase el 26M, si la Mesa no procede a la inmediata suspensión de los diputados.