Visto para sentencia en el Supremo: el Estado no se doblega nunca

Con unas escuetas palabras, el juez Marchena dejó visto para sentencia cuatro largos meses de juicio a todos los cabecillas del "Golpe de Estado" en Cataluña -a excepción de los fugados-, en expresión rotunda del fiscal Zaragoza, que contrapuso al relato sentimentaloide y falsamente democrático de los encausados un prolijo catálogo de posibles delitos caracterizados por la ignorancia premeditada de la ley, la agitación violenta de la convivencia y la ruptura unilateral de las reglas del juego más inherentes a una democracia.

Pese a los alegatos finales de los procesados, incapaces a estas alturas que la democracia o es procedimiento o deja de serlo y empeñados en situar sus abusos en el terreno de los derechos; lo cierto es que la exquisita instrucción y el perfeccionista desarrollo del juicio, con cientos de pruebas, testimonios y peritos ha dejado algo en evidencia hasta para los más demagogos.

Antes de nada, la prevalencia de un sistema garantista que, lejos del cliché contra ella que se ha intentado vender desde el independentismo, ni acusa en balde ni condena en falso ni desde luego mina el derecho a la defensa de los encausados: simplemente les da la oportunidad de defenderse con todas las herramientas a su alcance y, a la vez, exige una precisa reconstrucción de los hechos y las pruebas para la acusación.

Frente al despliegue de rigurosidad del Supremo, la campaña de propaganda del secesionismo, igual de burda con la Justicia que antes lo fue con la Policía, queda reducida a la nada. Pero también, y por todo ello, ha quedado meridianamente claro el listado de excesos, coacciones e ilegalidades cometidos en octubre de 2017 desde las instituciones que asaltaron la Constitución pese a deberle su propia existencia.

Prever altas condenas no es una osadía, pues difícilmente puede haber grandes distancias entre fiscales y magistrados

Y lo ha hecho no solo con una inmensa prueba documental de todo tipo, sino también con los testimonios de los propios protagonistas, a menudo inculpatorios para sus compañeros de asonada, bien para intentar salvarse, bien porque sus comportamientos no tenían escapatoria al medirse en un tribunal y no en un mitin o en una tertulia.

Prever altas condenas para todos ellos no es una osadía, pues difícilmente puede haber grandes distancias entre lo que los fiscales ya han considerado probado y lo que los magistrados, por todo ello, consideren punible. Lo sabremos en otoño, pero el debate parece ser ya por cuántos delitos les condenan y no si son absueltos.