Pedro Sánchez y su política de pactos

Entramos en la recta final de la ya anteriormente fallida investidura de Sánchez tras haber ganado las elecciones del pasado 28 de abril. Si no se produce un repentino cambio de posiciones, parece que nos encaminamos a unos nuevos comicios.

No deja de resultar paradójico que una vez superadas las mayorías absolutas, tan habituales hace no tanto tiempo como inalcanzables en esta época de la nueva política, el sistema parlamentario no pueda ofrecer una solución a nuestro país, ahora que es cuando más lo necesita.

La criminalización del adversario, convertido en enemigo irreconciliable; los cordones sanitarios que sitúan a un lado los malos, y al otro, los buenos; la soberbia instalada en la patrimonialización del “relato” de unos pocos empeñados en alterar lo ya ocurrido y vivido, fabricando una entelequia digna de un fanatismo que no sabe hablar de otra cosa y no puede cambiar de opinión, nos llevan a un callejón sin salida en el que solo las consecuencias que sin duda habremos de arrostrar nos pondrán, una vez más, al borde del abismo.

Nunca antes en nuestra democracia se ha visto un Presidente que, sin contar con el respaldo parlamentario necesario, haya acumulado tanto poder y tensionado tanto el sistema como Pedro Sánchez.

El Pacto de Pedralbes

Arropado por el manto del taumaturgo de Moncloa, Tezanos publicaba unos datos que reflejarían el ascenso de Pedro Sánchez y el respaldo mayoritario a su política, que a la vista de lo visto, no es otra que no tener política.

Hemos sabido que Torra, el escudero del huido Puigdemont, le entregó en mano un documento en el que se recogían las demandas del separatismo golpista, el llamado Pacto de Pedralbes. Y a pesar de resultar obligado a su entrega pública y puesta en conocimiento de todos los españoles, Moncloa y Sánchez afirman ahora no saber de qué se habla.

También hemos sabido estos días que Sánchez ignora cuántas veces ha actuado su Gobierno, bien de oficio o como consecuencia de las denuncias que se hubieran formulado por terceros, frente a quienes enaltecen el terrorismo y celebran homenajes a ETA, a pesar de que la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo así le obliga.

Tras la reciente celebración en el municipio navarro de Alsasua de una nueva edición del ‘Ospa Eguna’, el ‘día del adiós’ que habla de las "manos manchadas de sangre" de la Guardia Civil y su ánimo torturador "por el mero placer de torturar", el Juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, no vio en ello conductas de relevancia penal, a pesar de que mediante auto ordenara a autoridades y fuerzas y cuerpos de seguridad controlarlo por si finalmente se incurriera en algún delito; la polémica sobre este tipo de celebraciones y homenajes a presos etarras recientemente en libertad tras su paso por prisión, lejos de remitir, sigue mostrando la cruda realidad que perdura.

Sánchez y su Gobierno no actúan tal y como la citada Ley les impone de manera obligatoria y en ningún momento de modo discrecional

El “hombre de paz” Otegi, ha manifestado en relación a tales homenajes que quedan 250 presos y por tanto 250 recibimientos.

Las dudas crecen cuando ante este tipo de situaciones, que consolidan un relato alternativo de los terribles hechos ocurridos, Sánchez y su Gobierno no actúan tal y como la citada Ley les impone de manera obligatoria y en ningún momento de modo discrecional, que es lo que parece ocurrir en función de la política de pactos seguida por Sánchez de cara su hipotética investidura y con el fin de no incomodar a sus compañeros de viaje, entre los que se encuentran Bildu y los sediciosos políticos presos; los mismos que ya apoyaron su moción de censura contra Rajoy y que le llevó a Moncloa en 2018.

Lo de Alsasua

Para quienes sientan curiosidad a este respecto, les invito a que lean el Preámbulo de esta Ley, repleta de realidades tan vivas como incómodas para Pedro Sánchez; ese relato que ya se trata de alterar y pretende situar en una posición de igualad a los verdugos y sus víctimas sin duda ha avanzado, y es cierto que el peligro de que la verdad de lo ocurrido quede enterrada en el fondo de un pozo que no tiene fondo si el bloque constitucionalista sigue enredado en su particular dédalo del que no parece muy bien cómo salir, sin duda cobra cada vez mayor consistencia.

Un apunte importante; la Ley 29/2011 no deja dudas al respecto de quiénes por desgracia merecen el estatus jurídico y no solo público, de la condición de víctimas del terrorismo.

“Por ello esta Ley, a través de su sistema de ayudas, prestaciones y condecoraciones, quiere rendir un especial reconocimiento a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas de España por la eficacia siempre demostrada en la lucha contra la amenaza terrorista y porque, lamentablemente, son las que han aportado el mayor número de víctimas mortales y de heridos tanto en los ataques terroristas (…)".

Lo que el Gobierno de Sánchez debe explicar es por qué en tales supuestos no actúa por medio de su delegación de gobierno competente y solicita una batería de medidas de legalidad ordinaria administrativa como por ejemplo, la suspensión de las autorizaciones administrativas concedidas por el Ayuntamiento para que esos actos se celebren justamente del modo que la ley prohíbe; mientras tanto, en su particular y lamentable vodevil, Pedro y Pablo seguirán deshojando una margarita a la que a no le quedan más pétalos que arrancar.