La pantomima penitenciaria con Junqueras para disimular que saldrá en breve

La aparente adversidad que supone conceder el segundo grado penitenciario a Oriol Junqueras y los otros ocho políticos catalanes condenados no es tal, por mucha queja artificial que los afectados y sus partidos hayan querido lanzar.

Se trata, en realidad, de una decisión política de la consejera de Justicia de la Generalitat destinada a evitar que la "excarcelación" de sus compañeros no pueda ser entorpecida por la Fiscalía del Tribunal Supremo.

De haber concedido el tercer grado directamente, que en la práctica es un régimen de casi total libertad, los mismos fiscales que han protestado de manera agria por la complaciente sentencia que desechó la rebelión y no exigió el cumplimiento de la mitad de la condena para obtener prebendas penitenciarias, hubieran podido impugnar la liberación.

Con el segundo grado, que es el habitual para todos los presos a excepción de los peligrosos, se evita la jurisdicción nacional y se protege el objetivo final: convertir la sentencia en papel mojado, sin necesidad de que Junqueras pida el indulto ni de que Sánchez se lo conceda, y liberarlos con honores antes de seis meses.

Todo por el pacto

Quizá cuando el pacto entre el PSOE y ERC esté culminado, Sánchez investido y el contenido del mismo, sin duda del agrado soberanista, puesto en marcha y conocido por una opinión pública que asiste a la secuencia de los hechos cuando ya son inevitables.

La sensación de apaño y componenda es insoportable, y la sospecha de que la propia Justicia se ha implicado en todo ello, resulta frustrante. Porque de haberse apreciado el delito de rebelión, como justificaban con ingentes pruebas los fiscales; o de no excluirse de la sentencia la negativa a premiar a los reos antes de que cumplieran el 50% de sus condenas; nada de esto hubiera ocurrido.