La vergonzosa manipulación de la Abogacía del Estado por Pedro Sánchez

Las necesidades políticas de Pedro Sánchez llevan tiempo provocando una vergonzosa injerencia en el poder judicial que, de facto, degrada al Estado de Derecho, sustentado en la división de poderes como garantía de una democracia sana y moderna.

La perversa utilización de la Abogacía del Estado simboliza ese afán caciquil, exhibido ya sin pudor en el caso de Junqueras y en general del procés: primero se cambió al titular de la institución en el propio juicio, para que retirara la acusación de rebelión y, ahora, con inmenso impudor, se intenta que adapte su resolución a las exigencias de ERC para lograr Sánchez su investidura.

Hay más casos, igual de vergonzosos, que demuestran que para el Gobierno en funciones la Abogacía es una herramienta al servicio de sus planes: hace escasas semanas, se apeló a ella para asfixiar a las Comunidades a cuenta del dinero adeudado de la liquidación fiscal y, cuando a Sánchez le vino bien, se la ignoró para hacer esos pagos con fines electorales.

Y qué decir de su utilización para presionar a ERC con las pensiones, que no se van a actualizar con arreglo al IPC mientras no haya pacto, apelando a las reticcencias de la institución tras haberla ignorado anunciando esa subida antes y después de las Elecciones vía decreto ley.

Sánchez actúa como si la Justicia estuviera al servicio de sus objetivos políticos. ¿Dónde está la protesta de la institución?

Es insólito el desprecio de Sánchez por la independencia judicial, la autonomía de la Fiscalía -a la que llegó a presentar como una mera subordinada- o la solvencia de la Abogacía del Estado. Y lo dice todo de sus principios democráticos que piense y actúe como si todo valiera si le vale a él.

Un escándalo

La escandalosa invasión de la Justicia, que tiene en el Supremo su principal punto de mira, coincide con la renovación del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, lo que acrecienta la sensación de que Sánchez, cuando logre la investidura, hará todo lo posible por doblegar su autonomía.

Y no parece difícil que lo logre viendo la escasa resistencia de este poder fundamental. Quizá porque una parte de él comparte ese objetivo y acepta encantado que se antepongan los fines políticos a las obligaciones institucionales. ¿Dónde está ahora esa asociación tan combativa contra el PP llamada Jueces para la Democracia, por ejemplo?