El Supremo adecenta la Justicia y pone en su sitio a Junqueras y a Sánchez

El Tribunal Supremo ha refrendado la inhabilitación de Junqueras como eurodiputado, poniendo fin a la ceremonia de confusión iniciada por quienes, en una interpretación absurda del fallo del Tribunal Europeo de Justicia sobre la inmunidad del líder de ERC, quisieron cargar contra la sentencia firme, liberar al político condenado, anular la condena y, aún más, legitimar de algún modo todos los delitos del procés y a sus protagonistas.

Lo que el Supremo ha recordado, en un clima inaceptable de presión política contra la separación de poderes, es que el dictamen del TJUE se refería a un momento previo al juicio y al fallo, y que por tanto quedaba superado por los hechos: quizá Junqueras tuvo que salir en su momento a recoger su acta; pero nadie puede ser cargo público con una sentencia como la suya por sedición.

Es un fallo que además afecta, y mucho, a Puigdemont y otros políticos catalanes fugados, que se reían de la Justicia española creyéndose impune con las actas de eurodiputado que, ellos sí, podrán recoger al no estar ni juzgado ni condenados por sus huidas.

El Supremo deja claro que, en cuanto tomen posesión, pedirá los correspondientes suplicatorios para que pierdan su inmunidad y puedan ser reclamados: sería un escándalo que el Parlamento Europeo no le atendiera.

El Tribunal Supremo dignifica la separación de poderes, asaltada por Junqueras, Iglesias y Sánchez

Pero más allá de las consecuencias jurídicas, esta resolución tiene otras políticas de enorme enjundia. Especialmente sobre la salud de nuestra Estado de Derecho, amenazado por quienes han querido presentar la separación de poderes como un obstáculo a derribar y no como una garantía democrática.

Que ése sea el discurso de independentismo era previsible, por lamentable que resulte, pero que lo sea también del PSOE, de Podemos, del presidente Sánchez y del vicepresidente Iglesias, produce pasmo e indignación. Sus necesidades políticas, resumidas en los pactos para su investidura, no pueden estar por encima de la dignidad y eficacia del Estado.

Y eso es lo que han pretendido Sánchez y sus socios, acallados ahora por la dignidad del Supremo, que ha puesto las cosas en su sitio y de algún modo denunciado la injerencia al repudiar, con argumentos jurídicos impecables, el papel de la Abogacía del Estado al servicio del Gobierno y de ERC. Queda esperanza, pues, aunque no la dé el Ejecutivo sino el Judicial.