Un Gobierno desmedido para atender compromisos antes que necesidades

El nuevo Gobierno de España estará compuesto por 22 vicepresidencias y Ministerios, un número que se queda muy cerca de duplicar el último de Rajoy, formado por trece carteras. Es una cifra a todas luces incompatible con un elemental criterio de austeridad que debería presidir la gestión política de los asuntos públicos y que da un mal ejemplo a la sociedad que, sin duda, se aprieta el cinturón para llegar a final de mes.

El antagonismo entre el esfuerzo de trabajadores, familias y Pymes y la alegría derrochadora de Pedro Sánchez es inmenso, y probatorio de hasta qué punto se han invertido las tornas en la política moderna: se exige un esfuerzo a todos y se le carga de impuestos asfixiantes para anteponer luego el sostenimiento de una Administración mastodóntica e innecesaria a los servicios que ésta presta.

Resulta evidente que el número de Ministerios creados por Sánchez obedece más a la dimensión de sus compromisos con Podemos, y a los existentes en el seno de éste por la proliferación de facciones y familias, que a las necesidades de España. Y resulta casi ridículo que, para justificar lo injustificable, se recurra a fraccionamientos de carteras y bautizos folclóricos de las mismas para disimular la auténtica naturaleza de los nombramientos.

Rodear a Iglesias de vicepresidentes demuestra la desconfianza perpetua entre el PSOE y Podemos

Pero además del gigantismo y del despilfarro, el diseño del Gobierno perfila los problemas que se va a encontrar fruto de la interesada convivencia de dos socios que se necesitan pero, en realidad, no se toleran ni entienden.

Sin tregua

Rodear a Iglesias de tres vicepresidentes para que su cargo quede diluido lo dice todo de la sintonía que va a haber entre el PSOE y Podemos, aliados ocasionales pero competidores por espacios electorales similares. Y dejarle al líder morado que coordine a sus propios ministros fuera de Moncloa, ahonda esa preocupante sensación.

Que además se cree una comisión de seguimiento formada por miembros de ambos partidos y que todos ellos dependa, a su vez, de la intervención externa del soberanismo, que tiene la llave del Gobierno, no mejora la perspectiva. Y aunque la tradición imponga conceder cien días de gracia, no parece que la dimensión de los problemas en España ni el origen de este Ejecutivo puedan permitir esa tregua.