La invasión de la Justicia desde el Gobierno amenazaría a la democracia

Con una falta de pudor sin precedentes, Pedro Sánchez ha propuesto que su última ministra de Justicia, Dolores Delgado, sea designada nueva Fiscal General del Estado, un puesto clave siempre pero especialmente en el contexto de zozobra territorial y pulso judicial que libra el independentismo contra el Estado de Derecho.

En cualquier circunstancia, provocar un salto de un puesto político a otro técnicamente independiente, sería controvertido. Pero en éste, resulta escandaloso: hay que recordar que la Fiscalía General fue clave en el inicio de la respuesta judicial al desafío separatista contra la democracia y el ordenamiento jurídico.

Y que de ella dependen los fiscales que, en contra de las presiones políticas, mantuvieron la acusación de rebelión en el juicio del procés, se negaron a atender las instrucciones que sí siguió la Abogacía del Estado para auxiliar a los procesados y aún hoy mantienen en el Supremo el apego por la ley más allá de intereses y lecturas políticas.

No se nombra a Dolores Delgado, una fiscal con experiencia sin duda, para que garantice la independencia de la Fiscalía, pues. Si no para que traduzca en decisiones jurídicas la estrategia del Gobierno y los peajes que éste ha suscrito con el soberanismo para lograr la investidura de Pedro Sánchez.

A Delgado no se la designa para que garantice la independencia de la Fiscalía, sino para que se subordine al Gobierno

La injerencia es inquietante, pues profana de manera aparatosa el andamiaje constitucional y pone en cuestión la separación de poderes, un pilar esencial de una democracia sana. ¿Cómo no recordar que fue el actual presidente quien presumió, hace escasas semanas, de la subordinación de la Fiscalía a las instrucciones del Ejecutivo?

Muy inquietante

Las inminentes renovaciones de los tribunales Constitucional y Supremo, así como del Consejo General del Poder Judicial o de la Sala de lo Penal, contextualizan la puerta giratoria de Delgado en su dimensión real: como una parte de una invasión general de la Justicia, desde La Moncloa, para transformarla en una herramienta política más al servicio de la coalición del PSOE y Podemos.

La falta de disimulo es tan grosera como legítimo preguntarse hasta dónde está dispuesto a llegar este Gobierno en el uso instrumental y partidista del Estado. Viendo los precedentes en RTVE, convertida en un insólito aparato de propaganda, cabe temerse lo peor. Pero si la Justicia se convierte en un arma más del PSOE, la gravedad tendrá una dimensión especial y degradante, como nunca, para una democracia sustentada en la independencia de sus distintos poderes.