¿Subir el sueldo a los funcionarios con el PIB en caída y la deuda disparada?

El Gobierno subirá un 2% el sueldo a los empleados públicos, más allá del IPC, según un compromiso anunciado previamente que, en lo sustantivo, coincide con el pacto alcanzado en su momento por Rajoy con los sindicatos de la Administración.

Se pretende con ello, y otras medidas como la concesión de días libres extra, compensar la pérdida de poder adquisitivo que sufrieron durante la crisis, básicamente derivada de la decisión de Zapatero de congelar sus retribuciones y aplazar una de sus pagas extra.

Puede parecer por ello razonable y tal vez lo sea, técnicamente, pero la intención es bien distinta: agradar a un influyente colectivo compuesto por más de tres millones de personas y representado por unos sindicatos que, desde siglas clásicas u otras específicas, se han especializado en negociar lo máximo para sus afiliados en nombre del ciudadano y los servicios públicos.

Todo es, por ello, bien discutible. Empezando por el origen: es cierto que los funcionarios sufrieron la crisis, pero en una dimensión insignificante al lado de la que padecieron millones de trabajadores y decenas de miles de pequeñas empresas. Y con un suelo mejor: a la estabilidad de sus trabajos le añaden el hecho de que, a similar categoría, su sueldo puede llegar a duplicar el de un trabajador por cuenta ajena,

La Administración exige una reforma a fondo que nunca llega. Pero aquí se gasta más por razones políticas

Lo que para unos fue despidos, paro o cierres ruinosos, para otros fue una ligera merma temporal en sus ingresos o el aplazamiento de subidas. Comparar el daño y compensar antes el segundo, simplemente por su condición de influyente gremio, es intelectual y conceptualmente deplorable en un país que, además, tiene una perniciosa tendencia a confundir el Estado de Bienestar con el Bienestar del Estado y a utilizar el supuesto servicio al ciudadano para dotarse de una estructura pública costosa, ineficaz y duplicada.

Hacer ahora esa subida lineal, que afectará a todos los ámbitos de la Administración, no parece sostenible: la deuda pública sigue disparada, el déficit no se contiene y las previsiones de crecimiento del PIB se han enfriado en España como en ningún otro país de Europa, según la inquietante previsión del FMI.

Sin discutir la necesidad de la función pública, y desde la premisa de que en algunos de sus ámbitos las condiciones no son las más justas para el servicio que prestan (especialmente en la Central); gastar ahora tanto dinero extra en retribuir por igual al funcionario de los servicios básicos que al empleado de un chiringuito local, autonómico o universitario; es lamentable. Aunque dé votos, que parece ser la única razón que mueve al mismo Sánchez que, mientras, ultima una subida de impuestos.