Conde-Pumpido urde un plan para tomar el Constitucional y entregárselo a Sánchez

“Estamos en zafarrancho de combate”. Así describe un magistrado del Supremo el ambiente que se respira en el alto tribunal ante las andanadas, nada disimuladas, del nuevo Gobierno.

La Judicatura se ha convertido en objetivo prioritario del nuevo Ejecutivo socialista-bolivariano de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Durante meses, PSOE y Podemos han cargado contra los jueces calificándolos de “reaccionarios” en una campaña lenta, pero continúa, para que cale, poco a poco, en la opinión pública y justificar el “asalto” (en palabras del magistrado) al poder judicial desde el Gobierno.

“Molestamos al PSOE por el tema catalán -dice- y molestamos a Podemos porque ellos, aunque ahora disimulen, no creen en la Constitución del 78, en las leyes que emanan de ella y en la separación de poderes”.

“Van a intentarlo al más puro estilo bolivariano”, afirma. “Lo que viene con este Gobierno va más allá de la elección partidista de los miembros del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional”. Un sistema, por cierto, que creó el primer Ejecutivo del PSOE, en 1985, con Felipe González y que justificó Alfonso Guerra con aquella famosa frase: “Montesquieu ha muerto”. Luego, una reforma de Aznar lo diluyó algo para introducir algunos criterios más profesionales.

El episodio De Prada

El sistema de elección está politizado -viene a decir la fuente- pero permite a los jueces actuar con independencia y salvaguardar la “apariencia de imparcialidad”, “salvo los hooligans habituales aquí, en el Supremo, o en la Audiencia Nacional”, matiza, “y que siempre han hecho más política que justicia”.

Se vio con la sentencia del caso Gürtel, del magistrado José Ricardo de Prada, buen amigo de Baltasar Garzón y Dolores Delgado, que le costó la Presidencia a Mariano Rajoy. Año y medio después fue duramente desacreditada por la Sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional por incluir argumentos y expresiones sobre el PP que no se juzgaban.

“Lo que viene ahora -augura- es un asalto en toda regla para anular el poder judicial y concentrar el poder en el Gobierno sin contrapeso alguno”. “Les molestan las leyes y, por tanto, los jueces que somos quienes las hacemos cumplir. Va más allá del tema catalán. Es afán de poder totalitario”.

Conde-Pumpido promueve a Xiol como presidente del Constitucional

Otro magistrado me cuenta, en una de esas cafeterías del entorno de la plaza de París, las “maniobras orquestales en la oscuridad” de personajes como Cándido Conde-Pumpido en el Tribunal Constitucional. “Es incansable”, dice. “Vive permanentemente conspirando hasta en los más mínimos asuntos”.

Cándido Conde-Pumpido fue el polémico fiscal general del Estado durante las dos legislaturas de Zapatero, “aunque lo de Dolores Delgado -vaticinan las fuentes- va a ser mucho más sectario”.

Conde-Pumpido maniobra -desde hace meses- para absolver a los responsables del asalto al Parlamento de Cataluña en 2011, condenados a tres años de cárcel, aunque, como fiscal general, entonces, calificó los hechos de “actos violentos contra las instituciones” y propició la acusación.

Es uno de esos casos que, por proximidad, pueden ir marcando el devenir judicial de los asuntos pendientes del 1-O .

“Ahora, Conde-Pumpido maniobra también para colocar a Juan Antonio Xiol Ríos como presidente del Tribunal Constitucional”, me dice este veterano jurista, buen conocedor de las entrañas de nuestra Justicia.

Xiol ha roto ya dos veces la unanimidad del Constitucional en decisiones relativas al procés, mostrándose contrario al encarcelamiento de Oriol Junqueras y favorable a la salida de prisión de Jordi Sánchez para defender su candidatura a la Presidencia de la Generalitat en marzo de 2018.

Xiol, catalán, bien relacionado con el nacionalismo, estuvo en el Gobierno socialista de Felipe González con Fernando Ledesma como ministro de Justicia entre 1985 y 1990 y luego, a propuesta del PSOE, entró en el Consejo General del Poder Judicial.

“Conde-Pumpido maniobra en favor de Xiol para empezar a desmontar el proceso judicial del 1-O desde el propio Constitucional”, dicen las fuentes. O sea, para echar una mano al Gobierno con ERC. Es un magistrado muy crítico, además, con las reformas económicas y sociales del Gobierno Rajoy.

Comento a mis interlocutores que el PP dice que no va a pactar con Sánchez la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional si no hay garantías globales. “Ya veremos”, dicen. “En el llamado bloque progresista siempre ha habido divisiones, pero por rencillas personales. Cuando el PSOE toca a rebato, se unen”. “Los del PP no se enteran”, dicen con escepticismo. “Les falta la maldad del PSOE. Se las cuelan por todos lados”.

Uno de ellos me recuerda la respuesta, en cierta ocasión, desde La Moncloa (en tiempos de Soraya Sáenz de Santamaría) al denunciar lo que ciertos jueces próximos al PSOE cocían, en determinado asunto, contra el PP. “Me respondieron: nosotros no somos como ellos”… Que se lo digan a Rajoy.