Un Gobierno invasivo en los medios públicos y terrible con los privados críticos

El despido de Fernando Garea de la Agencia EFE, a la que llegó precedido de una sólida carrera profesional y de una evidente sintonía con el PSOE, corona la escalada invasiva del Gobierno en los medios públicos, tratados como un mero apéndice de su estrategia y marcados por la obligación debida a sus intereses.

Que el primer decreto de Pedro Sánchez al llegar a La Moncloa por primera vez, con su ínclita moción de censura, fuera para asaltar RTVE y poner al frente a dedo a quien sigue siendo su máxima responsable, Rosa María Mateo; lo dice todo de cómo interpreta el PSOE el papel de los medios públicos y, por extensión, del periodismo en general.

O bien como un ejercicio sumiso, o bien como un enemigo a derribar. Una lamentable opinión, presente en la manipulación constante y las purgas en RTVE, que se agrava con la intervención en EFE y se remata con la participación en el Gobierno de Podemos: un partido cuyo máximo responsable, Pablo Iglesias, es directamente partidario de prohibir la existencia de medios privados.

No es un asunto baladí, pues de todos los contrapesos y equilibrios que definen a una democracia sana, resumida en la convivencia de tres poderes independientes y limitados, el de la libertad de información, la autonomía de los medios públicos y la solidez de los medios críticos es uno de los más necesarios.

Y en España la deriva es muy inquietante, pues al control absoluto de RTVE y Efe se le suma la pleitesía de la mayor parte de las televisiones, acostumbradas a trágalas incompatibles con el periodismo serio, y el anuncio de una "Estrategia Nacional contra la Desinformación" con aspecto de coartada para atacar al periodismo incómodo, tan residual tristemente en nuestro país.

Resulta evidente la intención de Sánchez: maquillar todos sus excesos y adormecer a la sociedad, desde la lamentable certeza de que la opinión pública es, en realidad, una merca copia de la opinión publicada.

Y si ésta rema de forma abrumadora a su favor, tapando todo tipo de escándalos y abusos infumables, el objetivo será más fácil de lograr. Aunque sea a costa de cercenar un valor germinal del Estado de Derecho y de empobrecer la pluralidad inherente a una democracia digna de tal nombre.