Si el Congreso no investiga la pandemia, el Supremo debe llegar hasta el final

El Tribunal Supremo ya ha comenzado a organizar las 16 querellas y 24 denuncias interpuestas contra el Gobierno o alguno de sus miembros por su gestión de la pandemia, según la información confirmada por ESdiario.

Será el juez Marchena, el mismo que sentenció a todos los encausados por el intento de secesión de Cataluña, quien se encargue de la clasificación de las acciones legales interpuestas por particulares, por familiares de víctimas, por partidos políticos y por colectivos sanitarios al considerar, con una razón aplastante, que si bien el coronavirus es una amenaza global, sus terribles consecuencias locales se explican por la irresponsable gestión de la emergencia.

La clave va a estar en cómo informa la Fiscalía de cada una de ellas cuando Marchena, cumpliendo los procedimientos establecidos, les remita todas y cada una de ellas para que informe al respecto: ¿Se notará de nuevo la larga mano de Dolores Delgado, como en la denuncia contra el Delegado del Gobierno en Madrid, o funcionará con la independencia demostrada en Francia o Italia, donde hasta los primeros ministros han tenido o tendrán que comparecer?

Al mismo tiempo, se ha conocido que el Parlamento Europeo sí analizará en su Comisión de Libertades Públicas si el Gobierno de España se ha extralimitado con el Estado de Alarma más prolongado del mundo y ha cercenado, con ello, derechos básicos individuales y colectivos.

Algo que parece evidente, también, al ver el contraste entre el mantenimiento de esta excepcionalidad democrática y las calles llenas: más que un recurso sanitario, parece ya un escudo político para limitar el funcionamiento completo del Estado de Derecho y permitirle al Gobierno esquivar controles y tomar decisiones unilaterales.

Tampoco parece probable que en España se vaya a reaccionar como en Bruselas: aquí la pretensión de aprobar una Comisión de Investigación sobre la gestión de la pandemia, reclamada por el PP, tiene muy pocas opciones de prosperar, pese a que debería ser obligatoria e inaplazable.

Por escandaloso que sea, PSOE y Podemos la van a bloquear en la Mesa del Congreso. Y probablemente en el Senado, salvo que el PNV haga por una vez lo decente y no mercadee con su voto para lograr nuevas prebendas. Si las instituciones políticas no investigan este drama sin parangón en el mundo, el Supremo ha de hacerlo: ésa es, de nuevo, la última esperanza.