La escandalosa cloaca de Pablo Iglesias no puede quedar impune ni un día más
No se puede ser vicepresidente tras comprobarse que falseó una denuncia ante el juez y que, después, se sirvió de la Fiscalía para conseguir ayuda espuria en el proceso.
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Pablo Iglesias, en el Congreso
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Existen sospechas más que fundadas de que miembros de la Fiscalía Anticorrupción le filtraron a Pablo Iglesias de la investigación judicial en la que el líder de Podemos intentó ser víctima para acabar convertido, por decisión del juez, en sospechoso de sendos delitos de revelación de secretos y daños informáticos.
El vicepresidente del Gobierno no ha querido ni podido negar la veracidad de las informaciones que detallan, con elocuentes pruebas, que esos hechos de extrema gravedad tuvieron lugar, por la cercanía personal de uno de los fiscales, al menos, con su abogada defensora.
Conviene recordar que, en este caso, llueve sobre mojado. Porque esa ayuda de la Fiscalía, ciertamente indecente, viene precedida de otro episodio más grave si cabe: primero denunció el robo del móvil de una colaboradora, presentándolo en campaña electoral como ejemplo de las cloacas del Estado, y después se supo que la tenía él, la conservó durante meses sin decírselo a la perjudica y, probablemente, la intentó destruir antes de devolverla.
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Es decir, España tiene un vicepresidente que edifica un discurso político sobre una mentira, que ejerce de falsa víctima política y judicial para, finalmente, descubrirse el fétido pastel y servirse del propio Estado para intentar tapar la vergüenza.
Toda esta historia retrata a Pablo Iglesias de manera escandalosa y para siempre, con su enésimo ejercicio de cinismo, y le coloca cerca del Tribunal Supremo o de cualquier instancia judicial que sin duda debe esclarecer estos hechos hasta las últimas consecuencias.
Para esto se nombró a Delgado
Pero también retrata a la Fiscalía General del Estado y al conjunto del Gobierno: para cosas así, es razonable pensar, nombró a Dolores Delgado en la institución, procedente directamente del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
En cualquier circunstancia, debería haber dimisiones antes incluso de que se diriman las responsabilidades judiciales. Pero especialmente en las de un Gobierno y un dirigente que se han cansado de denunciar unas cloacas que, en realidad, las conforman ellos.