España exige toda la verdad sobre la pandemia que el Gobierno trata de ocultar

Nadie en el mundo sufre una tasa de mortalidad como España, que con cerca de un millar de muertos por cada millón de habitantes (600 con las recortadas cifras oficiales) supera a la práctica totalidad de países afectados por la pandemia. Y quizá por eso, nadie soporta estragos económicos de la misma dimensión, resumidos en una destrucción de empleo y PIB sin parangón.

Pese a las mentiras del Gobierno, que a estas alturas sigue escondiendo incluso el número total de fallecidos, y pese a su irresponsable indiferencia tras acabar el Estado de Alarma; lo cierto es que España es una anomalía deplorable con el Covid-19 y que, siendo éste global, ha tenido un impacto doméstico desigual en función de la gestión que cada país ha hecho de la emergencia.

Incluso esto sigue percibiéndose en el "día después", si acaso puede hablarse en esos términos con una epidemia que nunca se ha acabado; en otro dato estremecedor: España tiene ahora mismo más rebrotes que Francia, Italia y Alemania juntas, con casi 600 puntos de riesgo donde se ha detectado contagios en masa y cerca ya de convertirse en comunitarios y, por tanto, incontrolables.

Con ese panorama, saber por qué España está peor que el resto es una exigencia de la sociedad y una obligación del Gobierno que un grupo de científicos reclamó en un artículo en la prestigiosa revista "The Lancet" y que ahora suscribe la práctica totalidad de las sociedades médicas españolas.

No parece difícil intuir algunas de las razones, entre ellas la más importante: el retraso en la adopción de medidas preventivas, que luego se intentó tapar con la adopción de las mayores medidas restrictivas de Europa. Las segundas no evitaron nada, que era de lo que se trataba, y se limitaron a paliar los estragos derivados del error de origen.

Pero esto, siendo tan obvio como negligente si a la demora se le añade la certeza de que pudo actuarse de otra forma de haberse atendido la alerta internacional emitida desde enero; ha de documentarse oficialmente. Y debe tener las consecuencias políticas, institucionales y hasta judiciales que sean oportunas.

Viendo que el Gobierno está más centrado en esconder la verdad que en asumir las evidencias, solo una auditoría externa puede lograr ese objetivo innegociable. Saber qué ha pasado y por qué es una necesidad nacional. Y que alguien pague por ello, también.