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Que España volviera a sufrir lo de marzo sería una negligencia criminal

Es intolerable que hace unas semanas se diera por ganada la "batalla" y ahora la epidemia esté desatada. Tienen obligación de frenarla, como sea, o de pagar por ello.

Salvador Illa

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El panorama sanitario vuelve a ser terrible, si acaso alguna vez ha dejado de serlo más allá de la tregua veraniega, que hoy se percibe ya improcedente y temeraria. Ya hemos superado los 700.000 casos de coronavirus en España, el 14% de los declarados en Europa, con unos baremos desproporcionados con arreglo a nuestra población que se confirman con la mortalidad: tenemos 663 muertos por millón de habitantes, con las 30.000 víctimas que reconoce el Gobierno.

Solo nos supera Bélgica, con 859, pero tampoco lo haría de reconocer a los 22.000 fallecidos que aún hoy no asume la estadística oficial. Cuando lo haga, la tasa de mortalidad superará los mil por cada millón de habitantes y será la más elevada del mundo.

Para hacernos una idea de cómo está evolucionando la pandemia, un dato lo evidencia. Desde el 4 de julio, cuando Pedro Sánchez dio por ganada la batalla al virus y animó a todos a irse de vacaciones para reactivar la economía, los contagios se han multiplicado por treinta, de 400 diarios a una media cercana a los 11.000. No parece que esto sea "salir más fuertes", como se vanagloriaba hace nada La Moncloa.



Este viernes Madrid anunciará nuevas restricciones, en un indicio de lo que puede ocurrir en breve en toda España, donde las cifras confirman que el desafío sanitario vuelve a ser nacional: ocho Comunidades Autónomas dedican ya más del 20% de sus camas de UCI a pacientes de COVID y utilizan al menos el 10% de sus camas totales, en planta, a enfermos del virus.


Por todo ello, una encuesta de GAD3 ofrece este viernes un resultado demoledor para Sánchez: el 77.8% de los españoles califica de “mala o regular” su gestión de la pandemia. De nada le ha valido trasladar el problema irresponsablemente a las Comunidades, pues. Aunque también ellas suspenden, con un 69% de personas en desacuerdo con su gestión.

Urge una respuesta eficaz y coordinada, pues, a riesgo de volver a perder el tiempo de reacción precioso que en marzo ya desembocó en una tragedia sin precedentes. Si algo así se vuelve a repetir, y nadie es capaz de descartarlo, la negligencia de antaño alcanzará una categoría casi criminal.