Asalto a la justicia, asalto a la democracia

PSOE y Podemos culminaron el martes su amenaza de asaltar el Poder Judicial con una proposición de ley que intenta sortear todos los controles legales establecidos por la propia Constitución e imponer un Consejo General del Poder Judicial adaptado a sus necesidades y sumiso.

El procedimiento elegido resume las intenciones, al optar por la figura del proyecto de ley, presentado por dos grupos parlamentarios, para esquivar los informes del propio CGPJ, del Consejo de Fiscales y del Consejo de Estado.

Que se hurte la participación de la propia Justicia confirma el escandaloso objetivo: acabar con la separación de poderes, fundamental en el Estado de Derecho, y convertir el Poder Judicial en una extensión del Ejecutivo y del Legislativo, ya copados por una coalición inestable para construir pero muy cohesionada para destruir.

Una vez asaltadas la Abogacía del Estado y la Fiscalía General, con el bochornoso nombramiento de una ministra de Sánchez; la última etapa de ese proceso de sometimiento judicial para transformarla en una parte más del Gobierno era este fraude democrático de consecuencias terribles e inaceptables.

El asalto a la Justicia no solo la degrada a ella, sino que amenaza directamente a la esencia de la democracia

Y para lograrlo se intenta evitar que sean necesarios tres quintos del Congreso, una mayoría cualificada prevista la Constitución para garantizar que, en los asuntos vitales del Estado, sea imposible una injerencia política exitosa.

Lo más grave desde el 78

No está en juego el mero nombramiento de jueces y magistrados, sino la esencia de una democracia que, cuando carece de separación de poderes, simplemente se devalúa hasta desaparecer. La intentona del Gobierno, con una trampa infumable que ha desatado la protesta incluso de la Asociación Europea de Jueces, ha de ser frenada si se cree en el Estado de Derecho.

A la emergencia sanitaria, la crisis económica, la desestabilización de la Corona y el desafío territorial se le añade ahora, por decisión del Gobierno más irresponsable de Europa, el ataque más grave y degradante que ha sufrido la democracia española desde la Transición, destinado a instaurar por la vía de los hechos consumados un Régimen de monocultivo ideológico sin contrapesos ni disidencias, más pobre en todos los sentidos y menos crítica.