España no puede dar otro cheque en blanco a Sánchez para luchar contra el virus

Pedro Sánchez volvió a sus interminables y difusas intervenciones de marzo para anunciar un nuevo estado de alarma para todo el país, con confinamiento nocturno incluido mediante un toque de queda nacional; apelando a una situación sanitaria que, según sus propias palabras, va a provocar “meses muy duros”.

El estado de alarma, esta vez, no es idéntico al anterior y no contempla confinamientos totales, que en España fueron los más prolongados del mundo pero no sirvieron de mucho, a tenor de las cifras de contagio, que están entre las peores del globo con arreglo a nuestra población: de los 42 millones de infectados totales, uno está en nuestro país.

El nuevo estado de alarma establece, en síntesis, un toque de queda entre 23h de la noche y 6:00h de la madrugada y entrega a las Comunidades Autónomas los detalles de su aplicación. Serán ellas las que decidan qué restricciones se aplican, qué movilidad se permite y qué confinamiento se impone, si lo ven oportuno. Algo que puede convertir el país en un puzzle logístico imposible de entender y, desde luego, difícil de aplicar.

La gran novedad es que el presidente anunció que su deseo era prolongar el estado de alarma hasta el 9 de mayo, acabando con toda esperanza de recuperar una cierta normalidad en la vida cotidiana hasta entonces y prescindiendo de todas las celebración típicas de los momentos señalados en el calendario hasta entonces. A un alto precio familiar y económico, sin la menor duda.

La pregunta clave es si de verdad es imprescindible sumir al país en una extensísima excepcionalidad democrática, con derechos y libertades básicos suspendidos, para derrotar a una pandemia que, siendo internacional, multiplica sus efectos en España por la mezcla de errores y negligencias de un Gobierno que se niega a analizar esa secuencia y hace lo imposible por silenciarla.

Tras meses de errores, negligencias y falsedades; Sánchez no puede recibir un cheque en blanco sin controles parlamentario y judicial

La respuesta no está nada clara en ningún caso, pero especialmente con un presidente que ha demostrado, sobradamente, su nula competencia en este asunto, resumida en el contraste enre cómo se vanaglorió de haber derrotado al virus en julio y cómo pretende ahora hibernar la democracia hasta mayo.

Si alguien no puede pedir un voto de confianza es Sánchez. Si en alguien es sospechoso el intento de acabar con el control parlamentario y judicial por razones sanitarias, es en Sánchez. Si alguien carece de credibilidad en la lucha contra la pandemia, es Sánchez. Él es el responsable de que España esté sufriendo, en términos económicos y sanitarios, los mayores estragos del mundo.

Sin cheques en blanco

Y que ante eso se niegue a investigar las causas, pretende lograr en cheques en blanco y aspire a suspender cuestiones esenciales de un Estado de Derecho; pone cuarentena todo lo que anuncie y todo lo que pida. Nunca se puede aceptar sin más la "barra libre" para el poder político, pero mucho menos cuando hasta ahora no ha servido para atender el problema que justificaba esa cesión pero sí para esconder las negligencias y potenciar el confinamiento de libertades básicas.

Si España necesita volver a estar en estado de alarma, su presidente debe quedar sometido a los controles parlamentarios como nunca: no se le puede conceder, pues, medio año de inviolabilidad judicial y parlamentaria. Tiene que someterse al examen parlamentario quincenal, negociar cada prórroga una a una y dar todas las explicaciones mientras que sean menester.

Y a ser posible, con otro equipo de portavoces: es inadmisible que Salvador Illa y Fernando Simón sigan siendo los responsables de informar a la ciudadanía tras sus reiterados y escandalosos fracasos.