La vacuna obliga al Gobierno a dar explicaciones: no hay para todos
La posibilidad de que haya antídoto contra el virus a corto plazo es una espléndida noticia que impone al Gobierno la obligación de detallar cuándo y a quién se le suministrará.
Sánchez, en un acto reciente
Pfizer ha revolucionado la lucha contra la pandemia con una gran noticia, sin duda: su vacuna está lista y tiene una eficacia del 90%. El titular es estupendo; ahora hay que conocer bien la letra pequeña para gestionarlo todo con sensatez y transparencia.
La producción máxima de la farmacéutica en 2021 será de 1.300 millones de unidades, lo que dará para vacunar a 650 millones de personas, a dos dosis por receptor, lo que supone en torno al 10% de los habitantes de la Tierra. Una cifra que sin duda aumentará cuando otros experimentos en marcha prosperen y cuando se desarrollen tratamientos alternativos.
La eficacia del 90% se ha constatado tras un trabajo de campo con 43.000 voluntarios. Casi todos ellos recibieron las dos dos preceptivas en un plazo de 28 días, dejando a alguno con un placebo, con una conclusión muy esperanzadora: tras ese periodo, solo 94 se han contagiado.
Es un gran día para humanidad, sin duda, pero también para la Bolsa, con el caso español como ejemplo: la subida del Ibex ha sido, de golpe, la mayor en diez años. Algo lógico al demostrarse que la solvencia de la vacuna de Pfizer, y se supone que la de Oxford, supera los límites mínimos consignados por la OMS para poder ser comercializada: científicamente, es un hito alcanzar el 90%.
Cuando haya vacunas, no serán para todos. El Gobierno tiene que explicar con transparencia toda la gestión de este asunto
El principal problema ahora va a ser la producción, la distribución y la elección de los receptores. Para vacunar a toda la humanidad harían falta 15.000 millones de unidades, lo que teóricamente lleva años.
Junto a la “guerra comercial” entre distintas marcas puede haber otra entre Estados por quedarse con la producción: Estados Unidos es el ejemplo de ello. Y el consorcio creado en Europa, la mejor manera de hacer compras y repartos conjuntos, con fuerza en la negociación y un cierto orden en la distribución equitativa entre países en función de su población.
España aspira, en principio, a 60 millones de unidades en dos plazos, según anunció hace tiempo el Ministerio de Sanidad, pero hoy mismo el Gobierno debería precisar estas cifras para evitar especulaciones.
Los Gobiernos tienen obligación de, llegado el momento, dar unos plazos claros; una organización por grupos transparente y un rigor en el suministro que le permita a todo el mundo saber a qué atenerse, cuándo va a ser tratado y por qué será el primero o el último en la lista.
