El PP debe resistir ante el asalto al CGPJ: está en juego la propia democracia
La oposición debe enfrentarse y evitar el abordaje de un Gobierno sectario al CGPJ: de eso depende incluso la estabilidad del propio Estado de Derecho.
Pablo Casado
Ni la evidencia de su inconstitucionalidad ni el reproche formal de Europa han hecho desistir al Gobierno de su perverso intento de asalto al Poder Judicial, el único de los tres definitorios del Estado de Derecho que no está aún subordinado a La Moncloa.
Todo comenzó con el abordaje a la Abogacía del Estado y el escandaloso nombramiento de una ministra como Fiscal General del Estado, dos pruebas contundentes de la naturaleza de las intenciones de Sánchez.
Y prosiguió con la intentona de reformar la ley de renovación del CGPJ para su composición se subordinara al capricho de la coalición del PSOE, Podemos y los partidos independentistas y no a los tres quintos del Parlamento fijados por la Constitución.
Todo ello fue duramente contestado por la oposición, la Unión Europea y la práctica totalidad de magistrados, fiscales y abogados; conscientes del burdo asalto en marcha y de las nefastas consecuencias de implantar una "Justicia a la carta" dependiente de un Gobierno incapaz de entender que la separación de poderes es la base de la democracia.
El PP debe resistir lo que haga falta, sin ceder ni un ápice: está en juego la salud de la propia democracia
Pues bien, lejos de recular, tomar nota y buscar un consenso sincero con la oposición; el PSOE y Podemos vuelven ahora a la carga con una reforma que aspira a paralizar el CGPJ hasta que se doblegue: ya que no pueden ocupar, pretenden anularlo.
La gravedad de los hechos se multiplica al conocerse la siniestra agenda existente para sortear al Tribunal Supremo e invalidar, de algún modo, su sentencia sobre el "procés": sea concediendo un indulto inviable por la falta de arrepentimiento o modificando el delito de rebelión; el fin es el mismo. Pagarle el apoyo a ERC con la liberación de Junqueras, cabecilla del golpe constitucional contra España
Si las leyes ideológicas del Gobierno son un intento de recrear la infausta España de los dos bandos, irreconocible felizmente en el país actual hasta hace bien poco; el sometimiento de los poderes al arbitrio político amenazan la esencia propia de la democracia y denotan un plan inquietante para prolongar un poder de vocación frentista.
El PP, al que se adjudicó un pacto por la justicia a principios de semana, debe resistir lo que haga falta, sin ceder ni un ápice en cualquier acuerdo que no pase por el respeto estricto a las normas vigentes. De ello depende no solo la independencia judicial, sino la salud del propio Estado de Derecho y de la Carta Magna que lo soporta.
