Iglesias blinda su chalet en la Sierra mientras avala la okupación para el resto
El decreto "antidesahucios" es un inaceptable ataque a la propiedad privada, desatado por dirigentes que han logrado sus casas con dinero público y las protegen con la Policía.
Iglesias y Montero, sobre su chalet en Galapagar
Mientras Pablo Iglesias lleva meses convirtiendo en un drama las simples protestas de unos cuantos vecinos a medio kilómetro de su casa; su Gobierno ha aprobado un decreto-ley, a instancias de Podemos, que legaliza la okupación de las viviendas del resto.
Para la suya, el vicepresidente segundo exige -y tiene- protección policial, al considerar una molestia las quejas de apenas unas personas, bastante más civilizadas que los escraches que él mismo promovió contra sus rivales políticos.
Para las viviendas de los demás, sin embargo, no solo se acaba con todo tipo de protección, sino que se legaliza el asalto y se deteriora el concepto de propiedad privada, uno de los más definitorios del Estado de Derecho: allá donde no se respeta, la democracia es inexistente o de muy baja calidad.
Por mucho que desde el Ejecutivo se insista en que la legalización de la okupación es temporal y para ciertos casos solo; lo cierto es que se ha dado un paso para legitimarla de difícil vuelta atrás: una vez se aprueba un abuso en unos casos, es más fácil acabar permitiéndolo en todos.
Es inadmisible que Iglesias viva como vive y donde vive por su sueldo público y ataque la propiedad privada del resto
Porque bastará con que los asaltantes apelen a cualquiera de las circunstancias legalizadas (violencia de género, existencia de menores, etc) para que ésta tenga de repente una pátina de legitimidad. ¿O acaso conoce el Gobierno un solo caso en el que los okupas de propiedades ajenas digan que lo hacen por placer y sin necesidad alguna?
Resulta gravísimo el paso dado, pues destroza la seguridad jurídica de los ciudadanos y les endosa una "solidaridad impuesta" que el Estado debe atender con sus propios recursos.
Legalizar la okupación o fijar el precio de los alquileres forma parte del credo del populismo más empobrecedor e incompetente, incapaz de atender necesidades de los sectores más desfavorecidos con sus políticas públicas y siempre dispuesto a penalizar y criminalizar el esfuerzo ajeno.
Que Iglesias haya mejorado su nivel de vida, de manera espectacular, por dedicarse a la política y que, mientras, se dedique a empobrecer el de los demás; es una triste metáfora de la hoja de ruta ideológica que se impone en España.
Marcada por el progreso personal de quienes la dirigen, que convierten en derechos propios meros privilegios costeados por la ciudadanía; y avalan a la vez la degradación de los verdaderos derechos de quienes han obtenido sus rentas y patrimonios con su trabajo y ahora lo ven amenazado de manera escandalosa.
