Plus Ultra: un escándalo de Sánchez y no solo de Ábalos

Un juzgado de Madrid ha paralizado el segundo tramo del rescate deautorizado e impulsado por el Gobierno: de los 53 millones concedidos sin aparente justificación, 19 ya se han abonado y otros 34 quedan ahora a expensas de la resolución judicial.

Es la guinda de una escandalosa gestión encabezada por el dimisionario José Luis Ábalos, que probablemente fuera destituido como medida preventiva ante lo que se le venía a Pedro Sánchez encima: su salida, apenas unos días antes de que se conociera la intervención judicial, para claramente motivada por esta razón, que sacó del Gobierno repentinamente a uno de sus principales puntales.

Pero nada de ello será suficiente para que el presidente del Gobierno quede a salvo ni, desde luego, al margen. Porque la instrucción y los hechos le señalan: la SEPI no hubiera podido conceder esa millonada sin el necesario concurso del Consejo de Ministros, que es quien tutela y aprueba los presupuestos y el funcionamiento de esa sociedad pública.

Sánchez ha intentado esconder el rescate de Plus Ultra como secreto de Estado: su complicidad con este escándalo es evidente

Y sin el órgano presidido por Sánchez, tampoco hubiera sido posible intentar proteger los tejemanejes en Plus Ultra, declarando todo su expediente como "secreto de Estado" para ahorrarse las explicaciones oportunas.

Lo cierto es que el Gobierno dio una millonada a una empresa menor, con casi un 50% de capital venezolano, después del "Delcygate" y apelando, en falso, a un inexistente interés estratégico y a una posible ilegalidad, pues esos fondos estaban destinados a empresas afectadas por la pandemia y no a otras en situación de crisis desde años antes.

¿Por qué se rescató a una aerolínea sin apenas actividad, irrelevante en el sector, innecesaria para España y desplomada antes de la llegada del COVID? ¿Y por qué, a continuación, se quiso extender un manto de silencio tan espeso, utilizando las competencias del Gobierno para intentar taparlo todo? Las preguntas son evidentes.

Y que las respuestas deba buscarlas un juez, a falta de una Comisión de Investigación boicoteada hasta ahora por PSOE y Podemos, avala las peores sospechas y deja al presidente y a su Gobierno en una situación insostenible.