Ni toda la ayuda del Tribunal de Cuentas tapa el escándalo de Plus Ultra
Este bochornoso despilfarro de dinero público está muy lejos de aclararse por una única resolución. Sus lagunas son tan inmensas como para que otro juzgado las siga investigando.
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Pedro Sánchez y José Luis Ábalos
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El Tribunal de Cuentas ha desechado la denuncia de Ciudadanos por el estrambótico rescate gubernamental de Plus Ultra, la más que sospechosa aerolínea hispanovenezolana receptora de hasta 53 millones de dinero público de harto difícil justificación.
Cabe preguntarse, para empezar, en qué medida le ha pasado factura a esta instancia la presión que desde hace días ha ejercido Moncloa contra él, a cuento de las fianzas de los condenados del procés que también quieren sufragarse con dinero del contribuyente.
¿Le parecía a este Tribunal demasiado dar dos varapalos en tan poco tiempo a un Gobierno que, de forma descarada, presiona a la Justicia en público y en privado para lograr su sometimiento?
La duda es legítima, tanto como el repudio a un Ejecutivo que se ha saltado todas las líneas rojas en el respeto a la separación de poderes y ha hecho de la colonización del Poder Judicial uno de sus retos más ignominiosos que se recuerdan.
El escándalo de Plus Ultra, lejos de terminar, acaba de comenzar. Y los problemas para Sánchez son muy grandes
En todo caso, este cierre en falso, argumentado de manera insolvente e incompatible con los hechos; no acaba con el escándalo ni desde luego aclarar los inmensos puntos oscuros que rodean al caso. Para empezar, porque otro juzgado sigue con la instrucción y ya ha ordenado paralizar el segundo tramo del rescate, dejando congelada la concesión de 34 millones de euros firmados ya por el Gobierno.
Y para terminar, porque el cúmulo de despropósitos, cuando no chanchullos, es de una dimensión incompatible con el alivio que seguramente siente Sánchez con esa resolución de Cuentas. Porque a estas alturas nadie ha querido o podido explicar por qué se regala un dineral a una empresa ruinosa desde hace años, pese a que el fondo de ayuda precisa que solo pueden recibirlo las empresas en problemas derivados de la pandemia.
¿Información reservada?
Y tampoco han podido explicar, porque no existe explicación, qué "interés estratégico" tiene para España una firma irrelevante, arruinada, sin peso en el sector y sin embargo beneficiaria de un obsequio negado a tantas otras.
Aún más, nadie ha sabido justificar qué razones justifican que, al conocerse los hechos, el Ministerio de Transportes -y por tanto el Gobierno- corriera a toda prisa a tapar el expediente clasificándolo como "información reservada". Con esos mimbres, da la sensación de que el escándalo de Plus Ultras, lejos de terminar, acaba de comenzar.