Garzón, Dolores Delgado y la máxima de que "el fin justifica los medios"

Hablar de Baltasar Garzón es hablar de vulneración de derechos fundamentales. Es hablar de la utilización de la Justicia para los fines particulares y sobre todo es referirse a las cloacas, como comprobamos en las conversaciones grabadas con Villarejo.

Garzón nunca ha podido asumir que fue condenado por el Tribunal Supremo por atacar los derechos constitucionales de los investigados, es decir, por un delito de prevaricación consistente en dictar resoluciones en perjuicio de terceros a sabiendas de su ilicitud. Eso es exactamente lo que hizo el exmagistrado de la Audiencia Nacional, vulnerando uno de los derechos más sagrados en la Administración de Justicia, como es el derecho de defensa.

Intervino las comunicaciones entre los abogados y sus clientes para enterarse de cómo se iban a defender. Basta leer la sentencia del Supremo donde declararon como testigos los funcionarios de su juzgado y pusieron de manifiesto el desconcierto que suscitó en la sede judicial cuando se empeñó en dictar la resolución prevaricadora.

El derecho de defensa es sagrado en democracia y solo se vulnera en las dictaduras, y Garzón lo vulneró tal como quedó acreditado en la sentencia del Tribunal Supremo español. Cabe recordar dicha sentencia, ya que la tendencia es olvidarnos de la realidad y creernos lo que desde la parte interesada le conviene afirmar.

Es necesario que tengamos presente porqué Garzón fue expulsado de la carrera judicial, en este momento que pretende reivindicarse tras una resolución del comité de derechos humanos de la ONU, comité que no tiene rango judicial sino más bien político, y en el que el magistrado expulsado tiene buenos amigos y capacidad de influencia.

Ninguna resolución de un comité, por muy de la ONU que sea, puede anular la sentencia del Tribunal Supremo y que volviera a ocupar su plaza como juez sería otro acto de prevaricación

Baltasar Garzón ya intentó evitar su suspensión cuando en el CGPJ, se planteó que debía abandonar su juzgado por abrirse el juicio oral, sabiendo a ciencia cierta que la ley obligaba a actuar contra él disciplinariamente, presentando una recusación contra tres vocales: Gemma Gallego, Margarita Robles y contra mí mismo. Los tres nos abstuvimos, pero el resto de vocales votaron por su suspensión cautelar, rompiendo su estrategia de levantar sospechas sobre su enjuiciamiento, puesto que siempre pretendió esgrimir que se le perseguía políticamente, cuando su condena fue por vulnerar derechos humanos fundamentales.

Con posterioridad, tras dictarse la sentencia condenatoria por unanimidad de la Sala, interpuso sendos recursos ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que fueron rechazados, resolviendo ambos tribunales que garantizan los derechos fundamentales, que no se le persiguió, sino que las pruebas sobre su conducta prevaricadora eran sólidas.

Por ese motivo, ninguna resolución de un comité, por muy de la ONU que sea, puede anular la sentencia del Tribunal Supremo y sería otro acto de prevaricación, esta vez de Gobierno, si se le permite reingresar de nuevo en la Administración de Justicia. La sentencia tiene que cumplirse y una vez cumplida se le aplicará lo dispuesto en la LOPJ, es decir, no podrá volver directamente a su antiguo juzgado.

Su violación de los derechos fundamentales no se borrará, por mucho que un comité así lo pretenda.

Ya puede pasearse por Galicia del brazo de Lola Delgado, actual Fiscal General del Estado. Ya puede utilizar sus terminales periodísticas para poder blanquearse ante la sociedad española, porque su violación de los derechos fundamentales no se borrará, por mucho que un comité así lo pretenda.

Todos recordaremos que la máxima de Garzón “el fin justifica los medios”, no es aplicable en una sociedad democrática, ni tampoco que burlarse de la condición sexual de otro juez junto con su amiga Lola no es conforme a los derechos humanos, menos aún considerar adecuado utilizar la prostitución, tanto masculina como femenina, para obtener información sobre ciudadanos, tal como escuchamos en las famosas grabaciones de las comidas de confraternidad entre Villarejo y la pareja Baltasar-Lola Delgado.

Ese tipo de Justicia es la que no se puede admitir en democracia, por eso Garzón debe cumplir íntegramente la sentencia del Tribunal Supremo y Lola Delgado dejar de ser Fiscal General del Estado.