Más impuestos: la brutal escalada recaudatoria de un Gobierno clientelar

El Consejo de Ministros aprobó el lunes, en una reunión anticipada por el festivo del martes en Madrid, el nuevo impuesto de la plusvalía, tumbado hace dos semanas por el Constitucional al considerarlo confiscatorio: para esto, al parecer, no importa "legislar en caliente", algo que se repudió hace apenas una semana tras el brutal crimen del niño en Lardero.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se vanaglorió antes de su aprobación urgente en la clausura del Congreso del PSOE andaluz este fin de semana, sin ninguna autocrítica ni disculpa y, al contrario, presumiendo entre aplausos de su rapidez para restituir el “sablazo” que da a los Ayuntamientos entre 2.300 y 2.500 millones de euros cada año.

La nueva plusvalía permitirá al contribuyente elegir entre dos fórmulas cuando los alcaldes, en 6 meses máximo, adapten sus ordenanzas: bien fijando el pago con arreglo al valor catastral en el momento de la venta del inmueble; bien comparando el precio de venta con el de compra. En ambos casos, se paliará al menos el efecto más perverso de la anterior plusvalía: el abono de cantidades inmensas sin tener en cuenta la inexistencia de ganancia en la compraventa.

No obstante, sigue siendo un impuesto injusto, del mismo espíritu que Patrimonio o Sucesiones, porque grava doblemente al contribuyente: en una compraventa ya se tributa el dinero recibido en el IRPF; lo que convierte la plusvalía en un recargo injusto que permite a los Ayuntamientos crear y mantener a menudo estructuras municipales innecesarias.

No es solo la plusvalía: el sistema fiscal roza ya lo confiscatorio, y se suma al alza de los precios de casi todo para asfixiar a hogares y empresas

La plusvalía forma parte del mismo sistema tributario asfixiante para el contribuyente que eleva el esfuerzo fiscal de los españoles al TOP 5 mundial: lo que paga un ciudadano en España con arreglo a su renta supera a la práctica totalidad de los países europeos, incluyendo los escandinavos.

Y pese a ello, se ultima ya una reforma fiscal que elevará la carga aún más con la excusa de que se pagan menos impuestos que en Europa: el Gobierno hace esa cuenta, artera, alegando que la “presión fiscal” es hasta siete puntos inferior a la media de la Unión Europea.

Un infierno fiscal

En realidad, lo que es inferior es el número de contribuyentes por el paro desmedido y la economía sumergida, lo que hace que el porcentaje de la recaudación en el PIB sea menor que en Europa, aunque los contribuyentes activos paguen más que casi nadie.

Si a este abuso se le suma otros en marcha o a punto de aprobarse, con las cotizaciones, los peajes y la inflación a la cabeza; la conclusión no puede ser más inquietante: el Gobierno, en el peor momento económico posible para millones de hogares y empresas, se ha lanzado a una kamikaze escalada recaudatoria con la que mantener la ficción de su inexistente "escudo social" y pagarse su insoportable clientelismo.