La justicia debe ser independiente, no otro chiringuito del Gobierno
La tormenta judicial por la renovación del Constitucional exhibe de nuevo la doble vara de medir: el gran problema es la injerencia de Sánchez, no la elección de tal o cual magistrado.
Con más ruido que problemas reales, el Congreso ha aprobado la designación de los cuatro magistrados que le compete elegir para renovar un tercio del Tribunal Constitucional, incluido el catedrático Enrique Arnaldo, objeto de la mayor polémica por sus posicionamientos políticos.
Llegado el momento, solo 11 diputados del PSOE y de Podemos se han opuesto al pacto entre socialistas y populares, que ha prosperado con 232 votos a favor y preludia un acuerdo similar para renovar el Consejo General del Poder Judicial y terminar de renovar, a continuación, el propio Tribunal Constitucional.
Porque hasta el CGPJ no tenga una nueva composición, la ley impide el nombramiento de los cuatro magistrados pendientes para el Constitucional, dos propuestos por el Congreso y otros dos por los propios jueces.
Aunque Arnaldo deja, sin duda, un rastro de posiciones políticas controvertido; sorprende que se le haya presentado como un caso único cuando, en realidad, es un ejemplo más: en el propio Constitucional hay o ha habido significados simpatizantes o incluso colaboradores del PSOE o de IU.
No se puede silenciar el asalto de Sánchez a la Justicia y luego lamentar el nombramiento de un vocal para el TC
Cándido Conde Pumpido fue Fiscal General con Zapatero. Juan Antonio Xiol fue Director General del Ministerio de Justicia con Fernando Ledesma. Fernando Valdés (apartado por una denuncia de violencia de género) fue responsable de la Abogacía del Estado con Felipe González y participó en la elaboración del programa electoral de Zapatero en 2004. Y Ramón Sáez, entre otros, fue vocal del Poder Judicial durante cinco años promovido por IU.
Una Fiscal General de Sánchez
Por encima de todo eso, cabe recordar que la actual Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, fue ministra de Justicia con el actual presidente Sánchez. Arnaldo, en fin, confirma una norma y en ningún caso es una excepción, aunque los mismos que silencian el asalto de Sánchez a la Justicia eleven los decibelios con su nombramiento.
Quizá por ello urge que, tras la renovación del Poder Judicial con la ley vigente (que otorga al Congreso todo el peso si designa vocales con 3/5 partes del mismo de acuerdo), se apruebe de urgencia la reforma legal que conceda a los magistrados la elección de la mitad al menos de los vocales.