La persecución del español en Cataluña con la complicidad de La Moncloa
SI ya es insólito que el Supremo tenga que recordar que se debe enseñar en español en toda España, resulta escandalosa la respuesta de la Generalitat y de Moncloa.
Pedro Sánchez y Pere Aragonés
El Tribunal Supremo ha ratificado la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ratificaba la obligación de impartir en español al menos el 25% de las clases en la educación pública catalana.
La réplica de la Generalitat no se ha hecho esperar y ha instado a los colegios a desoír la resolución, similar a otras en el pasado, de menos envergadura, que también fueron despreciadas sin consecuencias.
No parece que el Gobierno de España vaya a actuar en defensa de los derechos de los niños ni en aplicación del dictamen del Supremo: lo único que ha hecho en este ámbito ha sido excluir al español como lengua vehicular, como recoge la LOMLOE, una concesión más al nacionalismo sin precedentes en ningún país de Europa.
Es escandaloso que no se pueda estudiar en español en toda España. Y lo peor es que eso cuente con la complicidad del Gobierno
La realidad es que, en Cataluña, no solo se incumplen las cuotas de enseñanza en español: es imposible escolarizarse en el idioma nacional en algún colegio público catalán. Si un ciudadano castellanohablante se muda a Cataluña y quiere que su hijo se escolarice exclusivamente en español, solo podrá hacerlo en un colegio privado con una ayuda pública para pagar la matriculación.
¿Y Sánchez?
Semejante despropósito, sin parangón en ningún país occidental, queda ahora agravado por la complicidad del Gobierno de España, que lejos de aprovechar la resolución judicial para restituir un orden razonable, se ha concentrado en pactar con ERC que una plataforma de televisión por pago emita parte de sus contenidos doblados al catalán.
Si ya era inaudito que se consistiera un abuso tan claro sin intervención del Supremo, acaba siendo escandaloso que su resolución solo haya provocado la insumisión de la Generalitat y el silencio cómplice del Gobierno español: lo suyo hubiera sido exigir la aplicación de las normas y garantizarla como fuera si se mantiene la insurgencia. Pero lo que Sánchez ha hecho es mirar para otro lado, preocupado en exclusiva por no molestar a sus aliados.
